Por Javier Ojer Alonso (*)
Este 14 de diciembre se acaban de cumplir ya dos años desde que el consejo de ministros de Pedro Sánchez aprobada el Real Decreto 1449/2018 por el que se estableció el coeficiente reductor de la edad de jubilación en favor de los y las policías locales al servicio de las entidades que integran la Administración Local en España. Es decir, dos años desde que un gobierno socialista por fin rubricaba una reivindicación que nuestro sindicato, CCOO, había iniciado una década antes en compañía de otras representaciones sindicales de ámbito nacional unidas en torno a la Plataforma por el Anticipo de la Edad de Jubilación de las policías locales y autonómicas. Una reivindicación que otorgaba dos semanas después la posibilidad a los trabajadores de la seguridad pública de anticipar su edad de jubilación, y a los entes locales a rejuvenecer sus plantillas, ya de por sí envejecidas en el conjunto de los territorios españoles.
De esto último sabía, y sabe muy bien, Abel Caballero, presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, y alcalde de la ciudad de Vigo. Un socialista que, desde el primer momento, entendió la iniciativa sindical que se postulaba por un servicio público de seguridad de calidad para la ciudadanía. Todo un logro que ponía punto y seguido a una reivindicación que sindicatos de clase como CCOO habían enarbolado desde hacía más de diez años. Y digo punto y seguido porque, lejos de mostrar nuestra total satisfacción por este reconocimiento al trabajo bien hecho, se nos quedó una sensación de tristeza al no haber conseguido que el resto de policías autonómicas también lo hubieran conseguido. Cabe recordar que, a día de hoy, solamente Policía Foral, Mossos d’Esquadra y el Cuerpo General de Policías de Canarias están pendientes de una resolución satisfactoria a sus respectivos expedientes administrativos. La Ertzaintza obtuvo esta posibilidad en el año 2009, antes de que se aprobara el procedimiento que regula el acceso de cualquier colectivo al adelanto de la edad de jubilación.
Dos años después nadie duda ya de que es tiempo de aprobar estos expedientes y dar salida a una problemática que se ve reflejada en las pirámides de edad de los y las policías autonómicas. A nadie. De hecho, el actual Gobierno de Navarra, gracias al empuje y empeño de la Dirección General de Interior, considera esta reivindicación como suya. Así se desprende en el Plan Estratégico de la Policía Foral 2020-2023 que acaba de presentarse públicamente y en el que existe incluso un proyecto concreto que se está trabajando de la mano de la propia Directora General del ramo. Se trata de un proyecto del gobierno, y como tal, goza, ahora sí, del impulso y apuesta necesarios del pagador.
Pero es que no solo es el Gobierno de Navarra quien está “por la labor”. Los grupos parlamentarios de Navarra Suma y de EH BILDU también han incidido en las últimas semanas en este aspecto. Sendas enmiendas presentadas a los Presupuestos Generales del Estado, decaídas finalmente, no son sino un signo inequívoco de que la Policía Foral no se puede quedar atrás en este viaje. Ahora la pelota está en el tejado de Madrid. El conjunto de sindicatos de la Plataforma, y por supuesto, la unanimidad de la representación sindical en Policía Foral va de la mano del ejecutivo navarro. Solamente queda que el Ministerio de la Seguridad Social acelere el procedimiento. Y en esas estamos.
El pasado mes de noviembre se aprobaron en el Congreso de los Diputados las recomendaciones del Informe de Evaluación y Reforma del Pacto de Toledo. En concreto, la recomendación duodécima estipula que el actual procedimiento por el que se reconocen los coeficientes reductores en algunos colectivos de trabajadores y trabajadoras necesita de una mejora que favorezca la identificación de estos últimos. No es de recibo que, dos años después, ese mismo procedimiento no haya avanzado en el caso de Policía Foral. Por ello, desde CCOO, sabedores que estos expedientes tienen que ser aprobados en el marco de las mesas del Diálogo Social y el Pacto de Toledo, no cejará –como miembro de ambas- en su empeño de empujar para que así sea.
El objetivo de nuestra sección sindical, de nuestra federación y de nuestro sindicato es claro: seguir trabajando para que todos los policías y todas las policías forales puedan acceder al ansiado y necesario adelanto de la edad de jubilación. En este sentido, y ahora más que nunca, no se trata de defender intereses sindicales particulares, sino todo lo contrario. Es necesario trabajar de manera conjunta para todo el colectivo, sin ocultismo, pero con la discreción adecuada. Solo así merecerá la pena el logro.
(*) Responsable Policías Autonómicas FSC CCOO
