A vueltas con la jubilación de la Policía Foral

Por Javier Ojer Alonso

Comunicación.

Sección Sindical CCOO Policía Foral

La vuelta al cole ya ha comenzado, y con ella, los políticos y las políticas de nuestra comunidad –forales ellos y ellas- van tomando las riendas de sus respectivos departamentos. El nuestro, el de Interior, también lo ha hecho, y así se lo reconocimos desde la Sección Sindical de CCOO en Policía Foral a las pocas horas de tomar posesión de su cargo. Hechas las presentaciones, ahora toca comenzar a lidiar con los numerosos temas pendientes que el anterior equipo ha dejado encima de la mesa.

De entre ellos, me detendré en uno en especial: la jubilación anticipada de las mujeres y los hombres de la Policía Foral. Una reivindicación que CCOO en particular ha enarbolado desde hace más de una década, y que en diciembre pasado ya tuvo una primera satisfacción tras la aprobación por el Consejo de Ministros de la jubilación de todos los cuerpos de policía local de España. Un día antes de la rúbrica tuve el honor de asistir a un encuentro que tuvo lugar en la sede de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Encuentro en el que el presidente de este organismo, el socialista y alcalde de Vigo, Abel Caballero, mostró su orgullo por el trabajo bien hecho, y por el logro que al día siguiente iba a suponer la aprobación del Real Decreto por el que se establece el coeficiente reductor de la edad de jubilación en favor de los policías locales.

Caballero lo resumía muy bien: el trabajo bien hecho siempre tiene su recompensa. Un trabajo constante, persistente y complicado, recorrido por los sindicatos policiales presentes en las plataformas por la jubilación de las policías locales y autonómicas,  así como por la representación de los municipios y la propia Secretaría de Estado de Seguridad Social. Era de justicia que se recogieran los frutos. Unos frutos que han llevado a que muchos y muchas policías locales de España hayan podido optar a una jubilación anticipada tras toda una carrera profesional ya de por sí extensa y no exenta de riesgos. Una reivindicación que se consiguió para las policías locales pero que dejó a un lado a tres de las cuatro policías autonómicas que operan en la seguridad pública de España; a saber, la Policía Foral, los Mossos d’Esquadra y el Cuerpo General de Canarias (la Ertzaintza ya tiene aprobada su jubilación desde el año 2010).

Así están las cosas. Los cuerpos de seguridad de ámbito nacional, Guardia Civil y  Cuerpo Nacional de Policía, cuentan con distintas posibilidades de pase a la reserva o jubilación, por el sistema de clases pasivas que sigue vigente en una parte muy importante de ambas organizaciones. Es cierto que desde el año 2011 las nuevas incorporaciones a estos cuerpos policiales están incluidas en la Seguridad Social y no en las clases pasivas. Los cuerpos de policía local tienen ya reconocida la jubilación anticipada tras la aprobación de los correspondientes coeficientes reductores en sus carreras profesionales. Y los cuerpos autonómicos, a excepción de la Ertzaintza, aún están pendientes de que concluyan sus respectivos expedientes de tramitación de la jubilación.

Éste es el escenario en el que nos encontramos. Es cierto que el empuje que la FEMP dio a todo el procedimiento fue primordial para que un gobierno socialista concluyera la tramitación de forma definitva. Es cierto también que en el caso de la Policía Foral, el anterior equipo de Interior de la Consejera Beaumont dejó pasar el tiempo sin pena ni gloria en este asunto; unas veces por la “incomprensión” del Gobierno Central de Mariano Rajoy para con el de Uxúe Barkos, y otras por la “incomprensión” de su consejera hacia el Cuerpo Policial que le tocó dirigir. Sea por un motivo o por otro, lo cierto es que se dejó pasar una excelente oportunidad de haber impulsado de forma seria y proactiva un procedimiento que, además de sus tintes administrativos, tenía otros muchos políticos. Y en esas estamos.

Navarra cuenta con un gobierno liderado por la socialista María Chivite. Todo parece indicar que España contará, más pronto que tarde, con un gobierno liderado por el también socialista Pedro Sánchez. Dos socialistas que deben apostar por la igualdad de trato y por la no discriminación de las policías autonómicas con respecto a las demás. Es el momento de que el nuevo equipo de Interior de Javier Remírez y él mismo impulsen y defiendan esta reivindicación como suya. Desde CCOO mano tendida y trabajo serio y con garantías. Ahora no hay excusas de interlocución. Es tiempo de conseguir un verdadero rejuvenecimiento de nuestra plantilla, ya mermada y asfixiada por la elevada media de edad. Una renovación ambiciosa de nuestro capital humano que redundará sin duda en un mejor servicio público de calidad.

EL CAMINO QUE ABRE EL DECRETO 153

Por Amparo Gimeno Andrés

Oficial Policía Local de Aldaia

(Texto integro)

Mucho se está criticando la nueva legislación de policía local. Las novedades que introduce la Ley 17/17, aun en el inicio de su desarrollo. Pero curiosamente el nuevo decreto de selección y promoción que sustituye al antiguo de 2001 recientemente aprobado Decreto 153/19, no hace sino recoger  muchas de las  opiniones que durante los últimos  18 años  han ido formándose en el seno de los cuerpos de policía local.

" las oposiciones son muy largas, hay pruebas que no sirven para nada, no miden la verdadera capacidad de los y las profesionales";  "ya se sabe quién va a aprobar antes de empezar"; "cada municipio hace lo que quiere y  añade las pruebas que le interesa para eliminar competencia"; "si no trabajas en una plantilla grande, es casi imposible pensar en ascender"; "hay pocas ocasiones de promoción y las pocas que hay ya tienen nombre y apellidos"; "quienes componen los tribunales, no se enteran"; "aclararse con tanta orden para saber como funcionan las oposiciones es un lío..."

Pues bien, en esencia, con el nuevo Decreto, por primera vez después de muchos años,  se reúne en un sólo documento de forma clara y ordenada todas las formas de acceso categoría por categoría, enumerando uno a uno  requisitos y pruebas  que constituyen cada proceso selectivo. Regula  igualmente todas las formas de provisión de puestos que pueden aplicarse a las policías locales, sin dejar margen a interpretaciones ambiguas de figuras reguladas en otros ámbitos del derecho administrativo que los ayuntamientos vienen utilizando para evitar cubrir la oferta de empleo de forma estable, como son la mejora de empleo y comisión de servicios.

Por primera vez, se abre el camino a procesos selectivos homogéneos  en todo el territorio de la Comunitat. Se agilizan los procesos, por un lado reduciendo el número de pruebas y fijando como valores a medir los conocimientos teorico-practicos y la capacidad de desempeño del puesto a ocupar, y no tanto la capacidad de memoria. Y por otro, posibilitando la centralización del proceso mediante la encomienda de gestión, tal como lo están llevando a cabo ya en otras comunidades autónomas, Galicia, Pais Vasco, Asturias, etc, fomentando la planificación de oferta de empleo en los municipios y la cobertura habitual de vacantes anualmente.

Se acabaron las excusas de los municipios para cubrir las plazas; se ahorran el coste del proceso, tanto económico como de gestión de personal y se intenta cerrar la posibilidad de manipulación de los mismos.

Se fomenta la carrera profesional y facilita la movilidad entre cuerpos de policía. Por un lado, las plazas ofertadas para movilidad dejan de tener ninguna prueba eliminatoria, dando por sentado que quién es policía y lo va a seguir siendo, es igualmente capaz en un municipio que en otro, por lo tanto no podrá ser utilizada ninguna prueba para dejar “vacantes las plazas que interese acumular al turno libre”.

Por otro lado, con la nueva  reserva establecida en las convocatorias, se abre la puerta a la carrera profesional de quienes integran el 90 % de los Cuerpos de Policía pequeños y medianos donde la posibilidad de promoción es casi nula y la ilusión y  ambición de ascenso en esas poblaciones se  frustra y muere poco a poco. A diferencia del  Decreto 88, ahora se desarrolla la semilla implantada en la Ley 17/2017 de “promoción interadministrativa”, de manera que tanto si se pertenece a una plantilla  grande como a una pequeña, aquellas personas que tengan interés y ambición por promocionar y seguir creciendo en su profesión, puedan tener las mismas oportunidades  para intentarlo en las mismas condiciones.

Como novedad frente a la normativa anterior, para la promoción, una vez ya en la escala  ejecutiva, para seguir la carrera profesional, sólo se  han de superar aquellas pruebas que verdaderamente reflejan la capacidad técnica y los conocimientos teóricos  y de mando, prescindiendo de aquellas que no reflejan capacidad de mando o gestión sino que sólo medían el estado físico y de salud de quien se examinaba, lo cual no era relevante para saber mandar.

En cuanto a los Órganos de Selección, el Decreto 153  apuesta por  el perfil técnico y la especialización de quienes han de  valorar  al personal en los diferentes procesos,  caminando más si cabe hacia  la imparcialidad y transparencia, formando a estas personas para mejorar la capacidad de criterio y priorizando al personal con conocimientos específicos del área frente a simples conocimientos en la administración. Para ello  la AVSRE designa a 2 miembros, y no uno como se hacia anteriormente, establece que han de ser profesionales de la policía y se concreta y  reduce el número de miembros, quedando acotado en un numero de 5 en total , sin dar posibilidad a variar el número como pasaba con el anterior decreto, con el consiguiente ahorro económico y simplificación.

En cuanto al ingreso, por primera vez  se simplifica el proceso selectivo desde la categoría de acceso a la profesión. Se  establece una fase previa en la que ya se  miden  requisitos tales como la aptitud física, psicológica y la estatura, y se prevé al tiempo  un mínimo de conocimientos teóricos,  sobre los que seguir  estudiando, lo que  facilitará el aprendizaje y la superación de las pruebas posteriores.

Concretamente  el curso de capacitación no tiene caducidad, de manera que  cumple dos objetivos: primero  dar a conocer a quien desea ser Policía Local  conocimientos  concretos  sobre los que tendrá que forjar su futuro, y segundo  indicarle el camino a seguir para  poder opositar a posteriori.

En cuanto a las pruebas de aptitud física,  centralizándolas y dando una duración  de  dos años, permite  obtenerlas y utilizar el certificado  en cualquier periodo, incluso si se sufre algún tipo de enfermedad o lesión que coincida injustamente con la fecha del examen como pasa actualmente. Se evita jugárselo todo a “una carta”, pudiendo superarlas en cualquiera de las convocatorias.

Se promueve la centralización de los procesos selectivos a través de la AVSRE y establece  homogeneidad para todos los procesos, sean en el municipio que sean.

Se establece un sistema cerrado, de manera que tanto si se encomienda la gestión como si no,  el sistema de selección sea exactamente igual para todas aquellas personas aspirantes.

Facilita y simplifica  el esfuerzo de las personas aspirantes. Al desaparecer la prueba de conocimientos del municipio (que se pueden adquirir después sin ningún problema, incluso en el periodo de practicas), no se pierde tiempo y esfuerzo en obtener conocimientos específicos de callejeros, costumbres, fiestas, etc, que solo sirven para una determinada localidad y una oposición. Por tanto  el esfuerzo se  puede centralizar en conocimientos comunes para todos los procesos selectivos, y cualquier intento que se quiera para aprobar .

Puede que sólo sea un paso hacia el cambio del modelo policial que se pretende, pude que quienes critican lo consideren un paso "pequeño", pero es el camino  hacia lo que se considera la policia del Siglo XXI, hacia el modelo policial, hacia  la transparencia, hacia la imparcialidad hacia la prevalencia del mérito y la capacidad  reales.

Al anterior sistema le hemos dado 18 años de prueba para ver si nos gustaba o no, y hemos llegado  a la conclusión la mayoría  de profesionales de que no nos gustaba, que mostraba muchas carencias y  que era mejorable, pues bien, paciencia, este decreto sólo lleva en vigor unos días,  está en fase de desarrollo, tiene muchas posibilidades, y aun no siendo perfecto, servirá para seguir avanzando y que el próximo sea aun mejor.

Demos una oportunidad; puede ser útil para revocar el inmovilismo de muchas administraciones, para avanzar en la transparencia esperada... y si de aquí otros  tantos años, (ojala no sean otros 18)  no ha servido, seguiremos intentando mejorarlo y avanzar.

Texto publicado en el diario Levante-EMV el 22 de agosto de 2019

Los Comités de Ética en las policías locales.

Por David Garfella Gil

La seguridad y la libertad son dos de los principales valores sobre los que se cimenta cualquier sociedad desarrollada; de su equidistante simetría y ponderación dependerá, en buena medida, el progreso de sus ciudadanos en la búsqueda por lograr una sociedad más justa, más igualitaria, más solidaria.

La aparición de los comités de ética en las PPLL  en nuestro país, y más concretamente en nuestra Comunidad Autónoma Valenciana, se fundamenta en  la adecuación en las actuaciones policiales a las sensibilidades sociales en continua evolución; se debe garantizar, en todo caso, que estos cambios se realizarán partiendo de unos claros fundamentos democráticos, y sobre todo  éticos.

En el contexto urbano actual las demandas se dirigen al mantenimiento de una convivencia ordenada y segura, estas peticiones de seguridad subjetiva se dirigen en gran parte a los cuerpos policiales y siendo recogidas y desarrolladas por la Policías Locales, que por su estructura y funciones es la más adecuada para ejercer esta cercanía/proximidad al ciudadano y atender a sus conflictos y problemas más cotidianos. La mayor profesionalidad, y la atención en sus respuestas a los ciudadanos más allá de las respuestas burocráticas, han supuesto una transformación de las PPLL.

Las Policías Locales por su proximidad a los vecinos, su imbricación con sus problemas y por su tendencia a la búsqueda de soluciones, pueden y deben estructurarse como instrumento de cohesión e integración social. El concepto anticuado de orden público se aleja del espíritu de la norma actual para dar paso a otros, como los de proximidad, más acordes a la configuración de una ciudadanía cada día más diversa, más plural y, a la vez, más exigente. En este ámbito cobra fuerza y sentido la apuesta  por una Policía basada en fuertes principios éticos y la necesaria  creación de órganos  de carácter consultivo en materia de ética y deontología con la finalidad de coadyuvar a mejorar la calidad del servicio policial y constituir un espacio de reflexión para el debate ético en el campo de la seguridad pública.

En este sentido un ejemplo es la actual ley de coordinación de PPLL de la Comunidad Valenciana 17/17, sin  embargo  ( y esta es una de las razones que me impulsa a plantear estas reflexiones) , recientemente en Madrid el pasado 23 de Julio se suprime de una forma sorpresiva  por su Ayuntamiento el Comité de Ética de la Policía Municipal un órgano colegiado de asesoramiento en materia de análisis y recomendación de la resolución de cuestiones y conflictos éticos que se pueden producir en la práctica policial, una decisión en mi opinión muy desafortunada que marca un camino incierto en una organización policial que era el espejo para el resto de organizaciones policiales locales en España.

     
     Sir Robert Peel consideraba al Policía como un ciudadano de uniforme. Es significativa esta afirmación puesto que para el autor la seguridad, o la función policial, partía del consenso y de la misma sociedad. El respeto a los valores ciudadanos era el pilar básico de su cometido. La prevención era el objetivo, más que la represión. Consideraba que la cooperación de los ciudadanos era fundamental. Una cooperación basada en el respeto y la confianza obtenida por un ejercicio policial responsable, social y ponderado.

     
      El Policía es un funcionario al servicio de todos los ciudadanos y no solamente necesita unos conocimientos profesionales y unas buenas aptitudes en el desarrollo de su trabajo. Para poder hablar de un buen profesional de policía ha de tener, además, unas actitudes, unas convicciones éticas más allá de las que son exigidas a otros profesionales.

      El valor de la ética en la función policial se resume a grandes rasgos en la capacidad de generar confianza en el ciudadano, en que la organización policial comparte los valores inherentes a la sociedad para la que trabajan, valores como la libertad, la igualdad y la solidaridad se convierten en principios rectores de nuestra actuación, y nos llevan a compartir con nuestra sociedad valores en defensa de derechos humanos, es lo que se espera de nosotros, de nuestras organizaciones , de nuestros integrantes, es como llegamos a ser próximos a nuestros ciudadanos ( que no es lo mismo que cercanos) , compartiendo y defendiendo  los valores éticos de nuestra sociedad, defendiendo los derechos Humanos de todas las personas.

Por ello y como conclusión, debemos avanzar en esa forma de hacer policía próxima, que genera confianza en sus ciudadanos y favorece la convivencia, para ello es necesaria la reflexión para el debate ético en el campo de la seguridad pública, en consecuencia los comités de ética se hacen no solo necesarios sino imprescindibles.

La aplicación de la Ley de prevención de riesgos laborales a las policías locales.

Por Alfredo Sánchez Hernández
Técnico superior de Prevención de Riesgos Laborales y doctor en Organización de empresas.

La prevención de riesgos laborales en la policía ha sido la gran asignatura pendiente de las Administraciones y no solo lo centramos en los Ayuntamientos sino en las Comunidades Autónomas y por ello CCOO edita una Guía para que los Cuerpos de Policía Local conozcan de primera mano, no solo sus derechos, sino las obligaciones que se tienen de la aplicación de la Ley y sus normas de desarrollo.

Hablar de los Cuerpos de Policía Local como los únicos Cuerpos a los que no se les aplica la Ley de prevención sería injusto por nuestra parte, teniendo en cuenta que excepto la Policía Foral, las policías autonómicas no cuentan con normativa específica pero sí es cierto que respecto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado existen diferencias.

Con esto no queremos decir que se les aplique plenamente a estos colectivos la norma, pero sí es cierto que cuentan con normativa específica para ellos, el RD 2/2006, de 16 de enero, por el que se establecen normas sobre prevención de riesgos laborales en la actividad de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía y RD 179/2005, de 18 de febrero, sobre prevención de riesgos laborales en la Guardia Civil, aunque siguen existiendo muchas lagunas en la aplicación de la misma que hace que tengan que ir a los Tribunales Europeos a defender sus derechos.

Respecto a la policía autonómica, la Policía Foral es la única que cuenta con normativa específica, el Decreto Foral 55/2010, de 13 de septiembre, por el que se establecen normas de prevención de riesgos laborales en la actividad de los funcionarios del Cuerpo de la Policía Foral de Navarra.

Las Policías Locales, como Cuerpos dependientes de las Administraciones Locales está obligado a negociar los términos de la aplicación de la Ley de prevención, dándose diferentes situaciones en los más de 2.000 ayuntamientos en España que cuentan con Cuerpos de Policía Local.

La ausencia de alusiones a la prevención en la Ley 2/86, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y en la mayoría de las Leyes de Coordinación de las Comunidades Autónomas, pese a que supuestamente su función es “Coordinar” deja evidencias de la necesidad de una normativa común para todas las Policías Locales que podría venir de una modificación de la Ley 2/86 o de una normativa específica para Policías Locales.

CCOO va más allá, al formar parte de EUROCOP, está intentando que desde las instituciones Europeas se aclare el artículo 2, de la Directiva 89/391/CEE, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo.

En el año 2014, CCOO denunció a los Tribunales Europeos CHAP (2014) 01177, 7307/15 EMPL la supuesta inaplicación a las Policías Locales de la Ley 31/95 de prevención de riesgos laborales y por ende de sus reglamentos de desarrollo.

La respuesta de la Comisión Europea fue “No hay indicios de que la legislación nacional sobre salud y seguridad en el trabajo aplicable a los cuerpos de policía local de las Comunidades Autónomas excluya, como CCOO alegó en su denuncia, a los trabajadores de dichos cuerpos de policía del ámbito de aplicación de la Directiva 89/391/CEE y tras analizar la información disponible, parece que, a nivel nacional, la legislación aplicable a los cuerpos de policía locales de las Comunidades Autónomas es la legislación nacional por la que se incorpora la Directiva 89/391/CEE al ordenamiento jurídico nacional, es decir , la Ley 31/1995”.

Aún así, la situación no parece haber cambiado para los cuerpos de policía local, dándose una situación paradójica respecto a las policías locales.

Los policías locales como trabajadores son deudores de prevención pero no olvidemos que en su actividad de policía, son garantes de seguridad de otros trabajadores y como ejemplo, la Ley 1/2018 de 22 de febrero, de Coordinación de Policías Locales de la Comunidad de Madrid, en su artículo 11, establece como función policial, “Instruir los atestados policiales en caso de siniestros laborales, cualquiera que sea su resultado y de la investigación de los delitos de riesgo en materia de seguridad e higiene en el trabajo, dentro del término municipal, dando traslado de los mismos a la autoridad competente, sea judicial o laboral, colaborando con otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado mediante los oportunos protocolos de actuación y acuerdos de colaboración suscritos al efecto.”

Esto es una novedad que nos hace preguntarnos si las policías locales van a estar preparadas para afrontar este reto.

Hasta ahora, la policía local es el primer patrulla interviniente en accidentes laborales o detectando trabajadores sin contrato, sin medidas preventivas o simplemente incumpliendo la normativa laboral, sin embargo, el afrontamiento de este tipo de intervenciones choca frontalmente con la formación recibida por los policías en materia de prevención de riesgos laborales que es inexistente en las academias de policía dependientes de las Comunidades Autónomas, y aunque posiblemente tendríamos que ir más atrás en la formación previa de los ciudadanos en general en esta materia, el hecho de tener que investigar accidentes laborales sin conocimientos previos en materia de prevención supone que prestar un servicio de calidad en este sentido es tarea imposible.

La Guía publicada por CCOO en materia de prevención de riesgos laborales en la policía local, supone un instrumento para hacer llegar información a los delegados y delegadas sindicales y para el personal trabajador de la policía local, que les permita conocer sus derechos en salud laboral y dotarlos de herramientas para ejercerlos.

La Guía comienza indicando las funciones que desarrolla el policía local en su trabajo diario, yendo más allá de las funciones establecidas en la Ley 2/86 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, funciones que, en muchos casos, son desconocidas por la sociedad.

Las cifras de accidentalidad, la Ley de prevención y sus fundamentos, la evaluación de riesgos y el plan de prevención así como los riesgos del puesto de policía local, la vigilancia de la salud, la segunda actividad, la formación, el accidente de trabajo y la inspección de trabajo, son los apartados que se van viendo en la Guía y que suponen una primera toma de contacto efectiva para los policías locales y que intenta ser un elemento de consulta para los delegados sindicales y policías locales.

 https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwiP0a7q8r3iAhWgQxUIHTdSDuMQFjABegQIAxAC&url=http%3A%2F%2Fwww2.fsc.ccoo.es%2Fcomunes%2Frecursos%2F15585%2F2438794-Guia_basica_de_prevencion_de_riesgos_laborales_en_la_policia_local.pdf&usg=AOvVaw3Thf7hOuLPRN0RaiAeTwH_

Jornada sobre aproximación y abordaje de los delitos de odio en la actualidad

Por David Garfella Gil

Organizado por el Instituto de estudios universitarios sobre seguridad interior ( Guardia Civil-UNED) y con la colaboración de las universidades de Valencia, la U. Católica y la U. Europea, se impartió  el pasado 03 de Mayo de 2019, una interesante Jornada de aproximación y abordaje de los delitos de odio en la actualidad,

La jornada, inaugurada por la secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella, y clausurada por el General Jefe de la Guardia Civil en la C. Valenciana, José Hermida, contó con la presencia en su apertura del alcalde de la ciudad, Joan Ribó -que volvió a anunciar la oficina municipal de delitos de odio para acompañar a las víctimas y del Delegado del Gobierno, Juan Carlos Fulgencio.

Desde, en primer lugar, un  planteamiento psicológico- criminológico con la mesa redonda compuesta por los expertos universitarios  Cristina Escamilla, de la Universidad Europea; José Vicente Esteve, de la UV, y Mayte Lázaro, de la Católica. «Es un delito de motivación, en el que se elige a la víctima -por su condición- y que busca el daño corporativo, a todo el colectivo. Por eso se hace con publicidad». En cuanto al perfil del agresor, más allá de los datos estadísticos, aseguraron que «no hay un único perfil. 

Además se trató de como realizar el tratamiento y asistencia a las víctimas de estos delitos.

En definitiva un interesante papel de estudio fundamental, conocer al victimario ( al agresor) para incidir en factores de prevención, “ el odio se aprende y no se nace con él”  esa puede ser una de las claves.

Por orden de intervención en segundo lugar, los paneles prácticos del excelente trabajo de la Guardia Civil en este ámbito, desde la perspectiva del tratamiento desde las FFCCS del delito con un abanico que comprende desde la denuncia al discurso de Odio en las RRSS.

El capitán Moisés Martínez, responsable del servicio de Información de la Comandancia de València, realizó un perfecto resumen de cómo se investigan este tipo de delitos, que aborda su unidad al tratarse de un hecho «especializado y complejo», remarcó la protección y cuidado de la víctimas: «A estas víctimas nunca, nunca, se les devuelve lo que han perdido con el daño recibido». También hizo autocrítica admitiendo que en algunos casos las víctimas han sentido rechazo cuando han ido a denunciar a un cuartel. Una intervención muy completa y sumamente interesante sin duda, en la que demostró un compromiso claro y evidentemente en la lucha contra estos delitos.

Por su parte, el capitán de Información de la Zona de València, José Antonio Amigo, trato de los delitos de odio a través de internet y las redes sociales, con estadísticas que demuestran el incremento de actuaciones policiales en los últimos años, y expuso las dificultades de perseguir esos delitos en la red.

Cerró La Ronda de intervenciones y paneles la fiscal de delitos de odio de València Mercedes Bascuñana que fue rotunda y clara: «O los legisladores cambian la ley o difícilmente con la legislación actual podemos ejercer la acusación en hechos que sabemos que son delitos de odio”

Se mostró muy crítica con el articulado agregado en 2015 al Código Penal. 

Bascuñana abogó por la creación de una ley orgánica específica para los delitos de odio, como la de violencia machista, porque «no hay víctimas de primera y de segunda» y los «errores» de los artículos actuales «impiden acusar muchas veces de delito de odio en casos que vemos claramente que sí lo son. Señores legisladores», interpeló, «hay una realidad social muy clara; dennos un instrumento que permita al ministerio público perseguir eficazmente estas conductas. De hecho, muchas de ellas les salen ahora muy baratas a quienes las cometen» porque el texto y los supuestos son tan enrevesados y contradictorios «que nos abocan a terminar acusando de un delito genérico y aplicar la agravante de discriminación, ni siquiera de odio, antes que por los artículos supuestamente específicos de esos delitos» agregados en 2015. 

Un articulado «más sencillo y genérico», insistió, permitiría condenas «de hasta 6 años», que con la otra fórmula acaban en penas de multa agravadas. «Esperemos que este nuevo Gobierno, más progresista, le ponga remedio», lanzó.

La violencia en el trabajo en el ámbito de la seguridad pública

Por Javier Ojer

Crónica de las Jornadas celebradas en Navarra.

El suicidio es la solución eterna a un problema temporal. Esta frase resume de una manera gráfica la realidad de esta lacra en nuestro país. Según las estadísticas, diariamente diez personas deciden dar este paso sin retorno en España. Las fuerzas y cuerpos de seguridad tampoco están al margen de estos números; de hecho, la incidencia en las policías y los policías es aún mayor que en el resto de la población. Éste es solamente uno de los datos que se ofrecieron en las Jornadas sobre La violencia en el trabajo en el ámbito de la seguridad pública celebrada los días 12 y 13 de marzo en el Centro de Altos Estudios Policiales del CNP en Madrid. Organizada por la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO (FSC), el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC).

Las ponencias fueron inauguradas por la secretaria general del SUP, Mónica Gracia, el responsable jurídico de la AUGC, Eugenio Nemiña, y el secretario general de la FSC de CCOO, José Francisco Fernández. Fernández recordó la implicación de CCOO en la coordinación y la colaboración tanto con el SUP como con la AUGC. Además insistió en que las tres organizaciones defienden un servicio público de calidad, y la preocupación por las personas que desarrollan el difícil trabajo de la seguridad pública.

Ya entrados en materia, el responsable de Salud Laboral de la FSC, Ángel Moreno, explicó las implicaciones del acoso en el lugar de trabajo desde un punto de vista preventivo como riesgo psicosocial, en el que las consecuencias en la salud pueden derivar incluso en el suicidio. Moreno ofreció unos datos elocuentes: en el año 2016 se realizaron 126 denuncias en la Administración (también entre las FCS), de las cuales sólo se admitieron 49; de éstas, 41 se archivaron, 8 de incoaron y ninguna de estas últimas se confirmó como acoso. Es decir, el acoso sigue permaneciendo invisible.

Carmen López, secretaria de la mujer de la FSC, definió el acoso sexual como una manifestación más de la violencia de género. Desde CCOO incidió en la apuesta de la prevención como herramienta de la erradicación de la desigualdad. También incidió en la misma idea María José Marín, responsable de Políticas de Igualdad de la federación. Es imprescindible visibilizar y normalizar la identidad de género dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad.

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales data del año 1995, pero es que la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) ya definía en 1984 los riesgos psicosociales como aquellas condiciones presentes en una situación de trabajo relacionadas con la organización, el contenido y la realización del trabajo, susceptibles de afectar tanto al bienestar como a la salud (física y psíquica) de los trabajadores, como al desarrollo del trabajo.

Clara Llorens, del equipo ISTAS-CCOO explicó que la exposición a este tipo de riesgos multiplica por cinco el posibilidad de sufrir accidentes laborales, y por dos la de tener bajas también laborales. La Comisión Europea ha dicho que por cada euro que se invierte en prevención de riesgos laborales existe un retorno de dos euros. Para obtener una organización del trabajo más saludable es importante exigir que las organizaciones policiales, también la Guardia Civil, tengan sus evaluaciones de riesgos psicosociales para poder prevenir en origen.

Como riesgo psicosocial de primer orden nos encontramos con el suicidio, un grave problema de salud pública con el que se encuentra la sociedad y que afecta a toda ella. Se produce más en hombres que en mujeres y sigue siendo un tema tabú. No gusta hablar abiertamente del suicidio, tal y como reconoció Carlos Alberto Prieto, responsable de PRL del SUP; en el Cuerpo Nacional de Policía es la primera causa de muerte por encima de las intervenciones policiales. Detrás del suicidio hay una multitud de causas que lo provocan, aunque las estadísticas ponen el acento en los trastornos mentales como una de las más importantes. Hasta el año pasado este problema no había sido abordado en profundidad en este cuerpo policial, aunque a día de hoy vuelve a estar paralizado. Sigue sin gustar hablar del suicidio en el seno de las fuerzas de seguridad.

Eugenio Nemiña, responsable jurídico de la AUGC, presentó en las jornadas el Protocolo sobre Prevención del Suicidio que acaba de aprobar el cuerpo benemérito. Una institución con carácter militar que aglutina 7 de cada 10 bajas psicológicas entre los cuerpos nacionales. Pese a existir este protocolo, lo cierto es que en la Guardia Civil hoy no existe la vigilancia de la salud, con lo cual, le prevención en origen de los posibles suicidios se antoja complicada.

Tiempo hubo también para abordar esta lacra desde el punto de vista de los profesionales de la salud mental. José Antonio López, psicólogo del CNP, recordó que un policía no puede abandonar su actividad laboral cuando su vida corre peligro, dado que ése es su trabajo. La policía tiene menos calidad y cantidad de vida que otras profesiones. La tasa de suicidios en España (2015) es de 7.76 por cada 100.000 habitantes; esa tasa sube hasta el 16.47% en el CNP y en Guardia Civil es aún mayor.

Por último, Javier Jiménez, psicólogo clínico con más de 25 años de experiencia en el suicidio, abordó la autopsia psicológica a los supervivientes como método de acercamiento a esta realidad. Un método que determina el modo en el que se ha producido la muerte (homicidio, accidente, muerte natural, suicidio) y que ayuda a conocer las causas de esa muerte, a prevenir posibles suicidios, a descubrir el perfil de la persona fallecida, a apoyar terapéuticamente a las familias y al entorno de ésta, y a detectar poblaciones vulnerables.

No es cierto que hablar del suicidio produzca un efecto llamada. Muy al contrario,  hablar del suicidio ayuda a prevenirlo. No hay que tener miedo a afrontar una realidad que se ha convertido en un problema grave en la salud pública de Europa. Por ello, jornadas como las celebradas en Madrid sirven para poner en común experiencias traumáticas como éstas entre los distintos cuerpos policiales, y por ello las conclusiones que se pusieron encima de la mesa servirán para que las tres centrales sindicales puedan tomar las iniciativas oportunas orientadas a mejorar la salud de los trabajadores y las trabajadoras de la seguridad pública en España.

El imprescindible equilibrio de género en los Cuerpos de Policía Local

Por Julio Conesa.

Los pasados día 6 y 7 de marzo se celebró en Valencia el IIº Congreso Internacional de Policías Locales organizado por la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias y el IVASPE con el lema: “Policías del siglo XXI comprometidos/as con la igualdad y la seguridad”

Dos días intensos de ponencias, debate y conversaciones entre asistentes, en un número muy elevado mujeres y esperanzadoramente “jóvenes”.

La feminización de la profesión se abre paso con objeto de ir consiguiendo un equilibrio sumamente necesario entre mujeres y hombres policías. Si alguna cosa me quedó claro durante las jornadas, es la necesidad de romper esquemas, subvertir la realidad a la que estamos acostumbradas las policías.

Ya nadie duda de que una sociedad tan compleja como la actual, requiere de intervenciones diferentes, desde otro prisma, ante los viejos retos (no superados) y los nuevos que llegan o están por venir.

Y en este contexto hacen falta por igual, la mirada del hombre y la de la mujer, cada una con sus matices, sus perfiles naturales, sus destrezas. En una comunión perfecta para evitar dejar flecos y capacidades desatendidas.

La sociedad requiere de ese cambio de paradigma.

Pudimos comprobad de primera mano, como desde Nueva York, o Méjico, pasando por la representación de la Ertzaintza,  de Mossos d’Esquadra, Guardia Civil o Policía Nacional ponían el acento en la necesidad de aprovechar todas las potencialidades que implica la incorporación real (no formal) de la mujer al quehacer policial.

Como se felicitaba a los Cuerpos de Policía Local Valencianos y en concreto a la Generalitat por el importante avance legislativo que supone la incorporación legal de las acciones tendentes a garantizar una reserva de plazas para la mujer que permita en el menor tiempo posible alcanzar un equilibrio mínimo básico de 40%. Y trabajar por romper el techo de cristal en las categorías mas altas de la estructura jerárquica.

Me llamó mucho la atención el empeño personal de la Alcaldesa del municipio de General Escobedo, en el área de Monterrey Nuevo León-México, por transformar su policía en una institución moderna, democrática, profesionalizada y vinculada con la realidad de su sociedad a la que sirve, algo que aquí consideramos básico y que allí le ha costado a ella afrontar 13 atentados terroristas por dicho empeño, perpetrados por las mafias locales.

El enfoque dado a los nuevos retos que se van abriendo en nuestro trabajo diario de servicio público como el de mediación, las unidades de atención a las victimas en general, y los servicios de atención a las victimas de violencia machista en particular y la especial relevancia que en todo ello tienen los valores y capacidades que aportan las mujeres policía.

También el necesario enfoque en la prevención que hay que dar a la planificación y programación del trabajo (sin olvidar el trabajo reactivo) fruto del cual, se constata en términos matemáticos, que desciende importantemente el nivel de criminalidad y la sensación ciudadana de inseguridad.

Y sin duda, durante las jornadas de trabajo, los testimonios, las exposiciones, las intervenciones documentadas y apoyadas en datos, abundaron en la idea de incrementar la presencia de mujeres en los cuerpos de policía, en revisar las políticas públicas en esta materia. En buscar fórmulas que permitan reclutar más mujeres, que sientan la necesidad y la posibilidad de ser policía, de cumplir con esa ilusión de servicio.

Los datos demostraron que el problema no está en el número de mujeres que aspiran a ser policía, el cual ha ido creciendo, aunque no aún en número suficiente. El problema está en porqué no alcanzan un porcentaje razonable de ingresos en los Cuerpos. Qué mecanismos existen en los procesos selectivos que dificultan su acceso a los puestos de trabajo.

Viendo a la ponente Leoanna Guillen, Oficial de la Policía Metropolitana de Nueva York, se me ocurrió pensar que aquí, en nuestra tierra aún seguimos anclados en esquemas mentales muy viejos. En unos perfiles de policía que se por lógicos o de sentido común, pero que hoy en día ya no sirven.

¿Cómo se justifica por ejemplo que tomando como referencia la talla media de la población masculina española se rebaje un 9% la que se exige en la oposición y sin embargo en el mismo supuesto, a las mujeres que se presentan a las oposiciones se les rebaje frente a la media nacional sólo un 3%?

Y esto solo es un ejemplo de las cosas que desincentivan a muchas mujeres, por no hablar de los mensajes subliminales (es una profesión de hombres) o los directos (no te presentes, aquí no quieren mujeres) que en ocasiones se tienen que oír.

En fin. El camino va a ser largo. Lo vamos recorriendo poco a poco, pero todo llegará.