lunes, 4 de marzo de 2019

Notas para el establecimiento de un Plan Autonómico Valenciano de Seguridad.


Por Julio Conesa.

La nueva Ley 17/2017 de Coordinación de Policía Local pretende entre sus objetivos impulsar el desarrollo de la participación e interrelación entre las administraciones y las organizaciones cívicas, de ahí el impulso en la creación de organismos como el Observatorio de la Seguridad.

En octubre de 2006 se constituyó el Consejo Autonómico de Seguridad Ciudadana de la Comunidad Valenciana por iniciativa de la Delegación del Gobierno y que tuvo muy poco recorrido, a pesar de ello, algunos pensamos que esta dimensión del trabajo en materia de seguridad, con un enfoque diferente al puramente técnico sigue siendo absolutamente necesario.

La inseguridad, aun siendo una realidad relativamente controlada en términos estadísticos, nunca dejara de ser un elemento preocupante. El control de las cotas en cada momento, exige tomar de decisiones en las que debe garantizarse, con carácter previo, la participación activa de todas aquellas organizaciones sociales, que por su especial relevancia y representatividad, puedan aportar puntos de vista y enfoques que ayuden al establecimiento de las opciones más adecuadas en materia de seguridad.

Después de las últimas transferencias que en materia de educación y sanidad efectuó el Gobierno en el año 2001-2002 a determinadas Comunidades Autónomas, el reparto de recursos para la gestión de los servicios públicos genero un cierto equilibrio porcentual en el peso e importancia del Estado y de las comunidades autónomas, sin embargo no llego ni al 15% los recursos destinados a los entes locales. Mermados aún más en con todo el largo deterioro que han supuesto los recortes del decenio 2008-2018.

La realidad financiera de las entidades locales dista mucho de la que entendemos debería ser la adecuada. La proximidad, la cercanía de la administración local a los ciudadanos y ciudadanas la convierte en la práctica en la administración obligada a resolver los problemas a diario.  Sin embargo el desequilibrio porcentual de recursos no permite que esto sea posible de manera eficaz y eficiente, lo que exige un mayor compromiso, respaldo y protagonismo de la acción en el ámbito local equilibrando el flujo de recursos.

En este contexto, se ha demostrado que el esfuerzo presupuestario por parte de los ayuntamientos, y en especial en materia de seguridad no se corresponde con la distribución de los recursos económicos. Las entidades locales siguen siendo los parientes pobres, pero la exigencia de dar respuesta a una realidad social cada vez más compleja y conflictiva ha obligado a los ayuntamientos a invertir en este ámbito de los servicios públicos.

La obsesión de los últimos años con el déficit económico y la estabilidad presupuestaria ha llevado a un estancamiento y recesión en la presencia de efectivos policiales (CNP y GC) en el País Valenciano, obligando en la práctica a los ayuntamientos a redoblar (sin apoyo financiero) esfuerzos económicos para poder paliar esta realidad. Y ello, pese a las restricciones impuestas por el Gobierno ha supuesto un incremento de efectivos policiales de ámbito local, si bien es cierto que de carácter precario y constreñidos por ley a actuar sólo en el estrecho marco de los límites del término municipal, por lo que su labor, con ser importante, no ha sido todo lo productiva, eficaz y eficiente que podría haber sido.

Veamos el número de efectivos como ha evolucionado. En 1995 había en el PV 14.164 efectivos tomando en consideración la totalidad de los cuerpos policiales, diez años después las cifras hablaban de más de 20.000. Hoy estamos en los 31.565, ello representa una proporción por habitante, más que adecuada tomando de referencia la opinión de los expertos y en términos globales. Veamos, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), recomienda una tasa de 1 policía local por 667 habitantes. Por otra parte, la Unión Europea a través de una Directiva recomienda la existencia de 1,8 policías locales por cada 1.000 habitantes, lo que viene a ser 1 policía por cada 556 habitantes, con las cifras actuales la proporción de policías por habitante en el Pais Valenciano se situaría en 1 policía por cada 157 habitantes.

Y por otra parte no podemos olvidar que el problema de desprotección en las zonas de interior sigue siendo importante. Ya en 2004 se calculaban en 177.648 los habitantes de interior que no tenía garantizado el servicio de seguridad local.

Por tanto es necesario repensar el sistema de seguridad pública. Es un derechó básico de ciudadanía y pone en evidencia la existencia de población de primer grado y de tercer grado que no podemos permitir.

En esta línea, consideró que debería abordarse un cambio sustancial en el sistema público de seguridad. Ello exige un cambio legal, normativo esencial como Estado: Superar la actual Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (L.O. 2/1986), hacia un Sistema Integral, que simplifique estructuras y que rentabilice todos los recursos.

Mientras tanto, se debería establecer unos criterios que permitieran fijar un “PLAN DE SEGURIDAD PARA LA COMUNIDAD VALENCIANA” como funcionamiento institucional y participado, respetando los principios de cooperación y colaboración entre las diferentes autoridades, administraciones y servicios públicos con responsabilidades en el ámbito de la seguridad, así como la participación ciudadana.

Dicho plan debería desarrollar espacios e instrumentos de planificación y coordinación, como convenios de colaboración y diferentes tipos de coordinación en seguridad, para garantizar su  eficacia y eficiencia, tanto en el logro de los resultados deseables como en el uso racional y sostenible de los recursos públicos disponibles.

En esa línea se encamina la actual Ley 17/2017 de Coordinación pese a los obstáculos que su desarrollo está encontrando. No sólo por parte de las resistencias que el propio Estado está poniendo a la implementación de las apuestas mas novedosas, sino incluso la falta de entusiasmo de algunos, la desinformación de otros y la desconfianza de muchos.

Abordar los retos obliga a repensar, romper esquemas y ser audaces. Por ello, resultará complicado inicialmente desarrollar todo el contenido de la ley.

Pero las administraciones locales deben asumir un papel destacado en la participación en el diseño y el seguimiento de las políticas locales de seguridad y en la ejecución de las competencias que los son propias en este ámbito, sobre todo a través de los servicios municipales y especialmente de las policías locales.

Se debe garantizar la coherencia del conjunto de políticas y mecanismos de coordinación que se deriven, asegurando una prestación equivalente para el conjunto de territorio y de los ciudadanos.

El objetivo, por tanto, del PLAN AUTONÓMICO DE SEGURIDAD no debe ser otro que el de dotar a la Comunidad Valenciana de un marco flexible y participado en el cual las diferentes administraciones, desde sus respectivas aportaciones y responsabilidades, puedan contribuir a la elaboración y la ejecución de políticas públicas de seguridad eficaces al servicio de los ciudadanos y las ciudadanas.

El fomento de la convivencia y la cohesión social tienen que provenir de iniciativas y políticas transversales modernas que, desde el respeto a los valores de la democracia y la libertad, garanticen la seguridad de las personas y sus bienes. Debemos aspira a dotarnos de un modelo que trascienda la concepción tradicional de la seguridad y el orden público, a favor de una orientación que se fundamente en la prevención, la promoción, la participación y la implicación de los diferentes servicios públicos, así como de la sociedad.

PROPUESTAS

La finalidad última es el aseguramiento y la promoción de los derechos y las libertades de los ciudadanos y las ciudadanas, la preservación de la convivencia y el fomento de la cohesión social. Con este objetivo final, debe diseñarse el Plan de Seguridad Pública Valenciana. Y debe inspirase en los principios de prevención de los riesgos y de las amenazas, de adecuación de los servicios de seguridad a la demanda social, de proximidad a los ciudadanos y descentralización, de eficacia de la acción pública y de eficiencia en la asignación de recursos y medios, de planificación y evaluación de las actuaciones, de proporcionalidad de la intervención pública, de corresponsabilidad y complementariedad de las autoridades y de las administraciones, de coordinación y cooperación entre autoridades, administraciones y servicios y de transparencia e información a los ciudadanos y ciudadanas. Este conjunto de principios, deben permitir dotar el Plan de seguridad de una adecuada coherencia y eficacia, y deben constituir una pauta apropiada de orientación general de las actuaciones de las diversas Administraciones y sus relaciones en este ámbito.

El Plan debe vertebrarse alrededor de las administraciones e integrar además, a los cuerpos y servicios de seguridad dependientes de las mismos así como a los órganos de coordinación y de participación que la nueva Ley 17/2017 propone. 

Será necesario que por su importancia política y la trascendencia social queden claramente definidos y garantizado el funcionamiento de los órganos de participación o de coordinación en materia de seguridad como: el Consejo Autonómico de Seguridad Ciudadana de la Comunidad Valenciana, máximo órgano de consulta y representación de las administraciones y de la sociedad; o la Comisión Interadministrativa para la Seguridad, cuya función debería ser la de asegurar la coordinación de las actuaciones y de las políticas de la Delegación del Gobierno, la Generalidad y los Municipios a través de la FVMP en materia de seguridad; tal vez la creación de la Comisión de Policía de la Generalidad, que amplie la ahora existente Comisión de Coordinación de Policías Locales e integre a la Unidad Adscrita del C.N.P. en funciones de Policía Autonómica, garantizando cohesión interna y funcionalidad en la coordinación de ambos ámbitos competenciales de la Generalitat, y las comisiones comarcales e intercomarcales de seguridad (coordinación supramunicipal prevista en la Ley 17/2017), impulsadas por la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias o la Conselleria competente en materia de Interior, en su momento, para facilitar la participación en el PLAN de los alcaldes y las alcaldesas de municipios sin policía local.

Deberá fijarse con carácter relevante el que las juntas de seguridad tengan carácter obligatorio en los municipios que cuenten con policía local, integrando a representantes de los cuerpos policiales estatales con ámbito de actuación en el mismo, reforzando las funciones y estableciendo la presidencia única del alcalde o la alcaldesa. Todo ello en orden a hacer de estos órganos piezas clave del PLAN, convirtiéndoles en una referencia necesaria para la elaboración, planificación y ejecución en el ámbito local de las políticas públicas de seguridad más generales.

Resulta imprescindible que el Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias (IVASPE) se convierta en una institución arraigada y decisiva, reglamentando mediante norma autonómica su funcionamiento, el desarrollo de sus funciones y de su papel para promover la docencia, tanto en el ámbito de la cualificación profesional, como posteriormente en el perfeccionamiento y capacitación de los profesionales, y el asesoramiento en el ámbito de la seguridad. Que desarrolle una intensa labor de coordinación y cooperación con las Universidades Valencianas, mediante la firma de convenios que garanticen la investigación multidisciplinar y el estudio de proyectos para la mejora de los servicios a la ciudadanía.

La planificación requiere de un instrumento metodológico que contribuya a su eficacia y funcionalidad, como es la elaboración entre las administraciones públicas de un “Plan General de Seguridad”, en el que se contengan el catálogo de las previsiones, las actuaciones y los medios relativos a todo aquello que afecte o pueda afectar la convivencia y la seguridad de las personas y los bienes, y que se tiene que convertir en referencia obligada para la elaboración de los planes de seguridad locales, sectoriales, estacionales o específicos.

Considero necesario igualmente, estructurar la administración de la seguridad desde lo general y lo territorial. Coordinar funciones, servicios y procedimientos atribuidos a los delegados o delegadas territoriales del Gobierno, delegados o delegadas de la Generalidad en las materias de Interior-Seguridad.

El PLAN deberá estructurar la organización territorial de intervención de los Cuerpos de Policía y su imprescindible coordinación en función del establecimiento de ámbitos de básicos de actuación definidos como las unidades geográficas y de población dotadas con los servicios mínimos pero suficientes por atender en una primera instancia todas las necesidades de protección y seguridad de la población.

El PLAN debería así mismo, establecer donde, quién y como se garantiza de forma adecuada la ubicación de los servicios de apoyo operacional y logístico de los ámbitos básicos. Asegurar de manera suficiente la coherencia del PLAN bajo los principios de adecuación de los recursos a la demanda social y de proximidad a la ciudadanía a partir de los datos contratados en las Juntas Locales y en los Consejos de Participación Ciudadana.

Las administraciones que concurren en el ámbito de la seguridad deben basar su relación en los principios de lealtad institucional, información recíproca, coordinación, colaboración, cooperación y asistencia mutua, sólo así podrá asegurarse la eficacia y la eficiencia de la acción pública, en interés de los ciudadanos y las ciudadanas. Para ello deberá disponerse de instrumentos que canalicen estas relaciones como: convenios interadministrativos, instituciones y entidades, para el desarrollo y la aplicación de políticas sectoriales y otras iniciativas y proyectos en materia de seguridad, y en particular las de coordinación entre los Cuerpo de Policía Estatales, la Unidad CNP adscrita a la Generalidad y las policías locales y aquellos que tengan por objeto instaurar servicios unificados o de gestión conjunta, como pueden ser, oficinas de recepción de denuncias y de atención directa a los ciudadanos.

Estrechamente vinculado al anterior, deben preverse la colaboración en materia de información policial, y especialmente el mantenimiento de un sistema unificado de informaciones de interés policial, fijar quien debe administrarlo y como puede compartirse por las distintas policías. En este mismo capítulo, deben fijarse reglas básicas para la necesaria coordinación de policial y los mecanismos de asistencia mutua entre los cuerpos. Prever la planificación conjunta de los servicios y de las actuaciones en materia de seguridad a varios niveles, como método y como cultura, y en especial como herramienta a disposición de los alcaldes y las alcaldesas para la dirección y gestión eficaz de las políticas locales de prevención y seguridad.

Se debe mejorar y promover el servicio integrado de atención a los ciudadanos en caso de emergencias, que permita dar el aviso y poner en alerta los servicios que correspondan en cada caso para hacer frente a la situación creada, aumentando de este modo el nivel de seguridad de los ciudadanos y ciudadanas y la eficiencia en la respuesta a las emergencias que se producen y que afectan la vida, la seguridad o la salud de las personas.

En cuanto a las relaciones con los ciudadanos y las ciudadanas, resulta necesario e imprescindible la participación ciudadana en el nuevo sistema de seguridad, articulándolo a través de la presencia de las asociaciones y entidades ciudadanas relevantes y representativas en el Consejo de Seguridad Ciudadana de la Comunidad Valenciana, y en las juntas locales y las comisiones territoriales (comarcales o ínter comarcales) de seguridad. Además, los órganos que deban aprobar los diversos planes de seguridad deberán realizar todas las consultas previas que consideren necesarias a las asociaciones y entidades que representen intereses colectivos que se puedan ver afectados. Debe garantizarse el derecho de información que en materia de seguridad asiste a los ciudadanos y las ciudadanas en una sociedad madura y democrática, y establecer el canal por el cual pueden hacer llegar a las autoridades las quejas y las peticiones que crean oportunas sobre los servicios de seguridad y la actuación de sus agentes.

Debería crearse un servicio específico de recepción y de respuesta de quejas y peticiones que se pueda convertir en una vía permanente de comunicación entre la Administración y los ciudadanos en un ámbito tan sensible y trascendente para la vida de las personas como es el de la seguridad.

Julio Conesa
Valencia 04 de marzo de 2019.

domingo, 24 de febrero de 2019

La Gestión de la Reputación en los Cuerpos de Policía Local



Por Julio Conesa

El pasado 8 de enero de 2019, asistí a una de las Jornadas organizadas por la FVMP y la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE) en Castellón y entre las intervenciones me llamó mucho la atención las reflexiones realizadas por el concejal de Castellón Toni Lorenzo en el sentido de que era muy necesario trabajar por mejorar la imagen reputacional de la policía local, fomentando las alianzas para la convivencia.

Sin duda un concepto que debe abrirse camino cuanto antes al interno de la cultura policial.

En un mundo cada vez más interconectado y globalizado, gestionar la Reputación institucional y minimizar el riesgo reputacional son dos de los retos más importantes a los que se deberían enfrentar a diario los responsables de Policía Local.

Es muy importante la imagen que la ciudadanía tiene de su policía local, pero con preocuparnos sólo de la imagen dejaríamos de lado muchos factores que afectan directamente a la reputación de Policía Local.

La falta de diferenciación o claridad entre los conceptos de imagen y reputación es un problema común.

En este sentido, los expertos señalan que “lograr entender que tener una imagen positiva trae consigo una reputación saludable facilita los procesos. No se trata solo de ejecutar acciones para mejorar la imagen, se trata de tener una buena imagen el 100% del tiempo” (Juan Manuel Lancha)

Debemos trabajar por evitar el riesgo reputacional, aquel al que nos exponemos cuando el prestigio o imagen corporativa tienen altas probabilidades de ser perjudicados, bien sea por elementos internos como por terceros.

O dicho de otra manera, es toda aquella acción, gesto, evento o situación que puede impactar negativamente en la identidad que queremos trasmitir.

En este sentido, considerar mejorar quién eres realmente como institución tendrá un impacto en tu reputación, el proceso no es inverso. De ahí la importancia de adaptar cuatro recomendaciones básicas a plantear:

§   Definir el Plan Estratégico de Reputación Corporativa:

Sin un plan de reputación definido, lo que sucederá es que tendremos la comunicación externa sólo enfocada en solucionar problemas del día a día o crisis periódicas, en lugar de gestionar la imagen a futuro.

§  La Gobernanza Corporativa:

Es necesario entender la dualidad de la persona en cualquier contexto. En el caso de los cuerpos de policía local es necesario conocer la dimensión profesional y personal de cada uno de los componen; por tanto, es importante tener una política definida eficaz con las personas hacia dentro y fuera del ámbitos profesional, que incorpore todo el valor humano que aportan.

Las personas deben estar plenamente implicadas y para ello deben desarrollarse y planificarse las mejoras internas que lo permitan.

§  Reorientar la Responsabilidad Social:

Es necesario que los mandos sean conscientes del impacto real de confeccionar acciones socialmente comprensibles. No como una herramientas de imagen sino implantada en todas las decisiones que se adopten.

§  Aglutinar cultura corporativa:

Generar complicidades con el tejido asociativo y la vertebración de la ciudadanía para conseguir una identificación con una cultura de seguridad pública participada será parte de la organización en todos los niveles. Sin dudas, se generará un ambiente de confianza y reconocimiento.


Finalmente, y alineados con la propuesta de Lancha, el plan integral de toda la organización debe estar regido por principios éticos claros. Solo así se conseguirá una cadena de comunicación saludable: decisiones claras y argumentadas ante la ciudadanía aportarán una imagen positiva y, por ende, una reputación indiscutiblemente positiva.

jueves, 14 de febrero de 2019

Hay que mojarse contra la violencia en el fútbol


Javier Ojer Alonso (*)


Les pongo en situación. Dos fotografías totalmente distintas. En la primera un padre sostiene con su brazo izquierdo a su hijo, menor de edad, mientras su brazo derecho permanece levantado y haciendo el saludo nazi; el niño esgrime una peineta con  el dedo corazón de su mano izquierda. El escenario, un campo de fútbol inglés. En la segunda fotografía, una niña de apenas 4 años suspendida en el aire, con los brazos totalmente abiertos, una sonrisa inmensa y bajo ella un charco de agua situado en cualquier campo que uno se pueda imaginar.
Dos fotografías, efectivamente, totalmente distintas. Podría ser el inicio y el final de una historia. La historia de la agresividad, el lenguaje no verbal violento y la intolerancia, en el caso de la primera instantánea. Y la historia de lo que queda por hacer, del compromiso, de la llamada a la acción, a mojarse por erradicar la intolerancia de los campos de fútbol en el caso de la segunda. Dos fotografías que se pudieron ver en la jornada que organizó la sección sindical de CCOO en Policía Foral, y que reunió el pasado día 1 de febrero a casi un centenar de profesionales de la seguridad pública y privada en la Sala Nicolás Oresme de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Pública de Navarra.
Se trataba de abordar un fenómeno social preocupante, no exclusivo de nuestro país y que es necesario afrontar desde muchas perspectivas sociales y, entre ellas, la policial. El encuentro, al que además de profesionales de todos los cuerpos de seguridad que trabajan en Navarra acudieron letrados de la Federación Navarra de Fútbol y estudiantes de la facultad, fue inaugurado por el Delegado del Gobierno en la Comunidad Foral, José Luis Arasti Pérez. El trabajo que desde los poderes públicos se ha hecho y se hace para controlar el correcto desarrollo de espectáculos deportivos es innegable, pero también es verdad que la intolerancia hacia el contrario está en el ADN de muchos de los comportamientos reprochables que se ven en distintos campos de fútbol.
Tal y como afirmaron los cuatro ponentes que expusieron su experiencia, ante este fenómeno lo importante es la educación en valores, en respeto al contrario y en aceptación al distinto. De eso sabe mucho Esteban Ibarra, presidente de Movimiento contra la Intolerancia y conocido defensor de quienes sufren el acoso, el hostigamiento y la violencia por el mero hecho de ser diferentes de sus agresores. Los delitos sobre las personas por lo que son, siempre implican esa intolerancia, y los casos de violencia en el fútbol son un claro ejemplo de ello. Pese a que en nuestro país el control de la violencia en el fútbol es superior al del resto de países que nos rodean –recuérdese el dispositivo policial establecido en la final de la Copa Libertadores que se celebró en Madrid en diciembre pasado ante la imposibilidad de llevarlo a cabo en Argentina- lo cierto es que todavía queda mucho por hacer.
Los numerosos casos de enfrentamientos entre ultras de distintos equipos de fútbol con los que nos desayunamos frecuentemente ponen el objetivo en el cambio de tendencia que se está dando en algunos campos de juego. Se ha pasado del hooliganismo a la guerra de guerrillas.  Como dijo la presidenta de la Confederación Europea de Seguridad (EuroCop), Àngels Bosch cuando se requiere la actuación de la policía es porque el resto de instituciones sociales han fallado. La palabra siempre precede a la acción, pensamiento verbalizado también por Gabriel Trejo, experto en violencia urbana. Desde un punto de vista policial siempre hay que estar atento a ese lenguaje que nos rodea y que, en muchas ocasiones, por falta de formación, concienciación o recursos, pasa desapercibido. El fútbol es un negocio muy rentable. El 80% del despliegue de seguridad que se realiza en el deporte tiene que ver con éste. Muchos millones de euros que dejan al descubierto un innegable negocio.
No se entendería el exponencial desarrollo del deporte rey sin el acompañamiento de los medios de comunicación tradicionales (prensa, radio, TV) y actuales (redes sociales). Gustavo Galarreta, experto en seguridad y persona muy relacionada con los mass media, habló de la necesidad de un férreo compromiso de esos líderes de opinión para evitar “alimentar” la tensión que se vive dentro y fuera de los estadios. El lenguaje que se utiliza es, en muchas ocasiones, el más idóneo para que las conductas violentas “campen a sus anchas”.
La realidad que rodea a la violencia en el deporte es poliédrica, tiene muchas caras: fuerzas de seguridad pública, cuerpos de seguridad privados, clubes de fútbol, empresas, sindicatos, organismos como Movimiento contra la  Intolerancia…Se ha avanzado mucho pero aún existe un déficit importante. Es necesario abanderar el principio de legalidad, aplicando las leyes como debe ser. Necesitamos una mirada actual, moderna, democrática y legal.

(*) Responsable Comunicación Sección Sindical CCOO-POLICÍA FORAL

lunes, 11 de febrero de 2019

La izquierda y la gestión de la seguridad en los espacios públicos.


Por Javier Munarriz Gandía

Los espacios públicos en nuestras ciudades (calles, plazas) son los lugares de encuentro, y de convivencia de la ciudadanía, donde llegan a confluir múltiples usos y aprovechamientos, así como  públicos diversos.  Es misión de los gobiernos locales y de sus policías, que esta “confluencia”, se realice en condiciones de civismo y seguridad. 

El catálogo de situaciones sin autorización municipal, que se dan en nuestros municipios, por el uso de los espacios públicos y de potenciales conflictos es muy amplia. Siempre generan tensiones y casi siempre somos l@s policías locales, a quien nos toca intervenir y resolver el conflicto.

En todas las situaciones que a continuación apunto,  existen  posiciones e intereses económicos, sociales, políticos e ideológicos contrapuestos. 

Unos defienden que pagan impuestos, frente a otros que no. Unos apelan a razones humanitarias, de desigualdad social, de libertad de expresión, argumentando que esos comportamientos no hacen daño a nadie, etc, frente  otros que nos exigen  aplicar la norma jurídica sin más. 

Pensemos  en el tránsito de patinetes o bicicletas por las aceras, donde al peatón le asiste el derecho a caminar sin sobresaltos; miremos aquellas esquinas donde se aposta un  grupo musical o persona, que ocupando una acera cantan y piden una colaboración económica; reflexionemos sobre la venta ambulante irregular de todo tipo, alimenticia, de productos artesanales, de productos falsificados, que se produce en los grandes municipios de forma extensiva; echemos una mirada a los municipios turísticos de playa o los centros históricos con  las personas que se dedican a tareas de aparcacoches a cambio de “la voluntad”.

Señalemos también que aunque se erradicó ya la mendicidad infantil, en municipios turísticos convivimos con personas que piden ayuda económica aludiendo a precariedades sociales (enfermedades, paro, necesidades familiares) en lugares muy transitados.

En todas ellas, somos requeridos para solventar dichos conflictos, como si l@s policías locales tuviésemos la varita mágica o pudiésemos consultar el libro de recetas rápidas y fáciles. De todas las situaciones expuestas, si excluimos la circulación de patinetes y bicicletas por lugares no adecuados, que concita una recriminación aprobatoria mayoritaria, y de los cantantes espontáneos, donde la división de opiniones es manifiesta, prácticamente del resto, detrás de la mayoría de estas situaciones aparece una causa de desigualdad económica y social, de migración, en suma de subsistencia vital.

Nosotros los hombres y mujeres de las policías locales, también tenemos corazón. Somos ciudadanos con uniforme ocho horas y otras dieciséis ciudadanos de a pie, con los mismos sentimientos, y preocupaciones que el resto de ciudadanía, pero con unos deberes deontológicos que nos obligan.

Es bastante habitual que nuestras intervenciones generen división de opiniones entre el público espectador y lo más desagradable es recibir descalificaciones de que somos fuertes con los débiles y débiles con los fuertes. Pero siempre nuestras actuaciones se guían por los principios jurídicos de: legalidad, necesidad, idoneidad y el de proporcionalidad.

Se pueden sintetizar en dos notas; legalidad y proporcionalidad. Pese a lo arriesgado de meter a todos los gobiernos en el mismo saco, por supuesto habrá excepciones, cabe preguntar a los gobiernos municipales de izquierda, nacidos en el 2015, y preguntarnos,  si han hecho sus deberes, respecto a la modificación de las ordenanzas municipales o han puesto los medios para afrontar dichas  situaciones. Mi respuesta es que no. Basta leer los programas electorales de mayo del 2015, para detectar las carencias en este campo. No se recogían respuestas a estas problemáticas. Incluso en los que sí apostaban por una nueva forma de hacer política, ejemplo de nuevos enfoques en el tema de venta ambulante ilegal, como fueron Madrid y Barcelona, dibujando alternativas como cooperativas, pocos de estos proyectos se han materializados a día de hoy. 

Leyendo las noticias proporcionadas por los medios de comunicación, asistimos a un cruce de reproches tanto externa como internamente en los ayuntamientos, llegando a mezclarse también cuestiones sindicales y políticas.  Pero debajo de todo este ruido mediático, ligado a lo que hacemos o dejamos de hacer las policías locales en los espacios públicos, me da la sensación de que los cambios de políticas y de normativas para encarar con nuevos enfoques ciertas situaciones de desigualdad no están teniendo la celeridad que la sociedad demanda. 

También a nivel interno en los cuerpos policiales, tampoco se avanza en protocolizar las actuaciones, que den luz y parámetros en la intervención. Está claro que son temas complejos, pero se deben abordar para orientar la acción de las patrullas en los espacios públicos. De tal forma que l@s policías locales tenemos que seguir haciendo frente a estos viejos conflictos, sin nuevos instrumentos legales, ni enfoques operativos detallados. Ante ello, tenemos que explicar tanto a la ciudadanía en general como en algunos casos a políticos de gobiernos municipales de izquierda, que no podemos cerrar los ojos, ni dejar de intervenir. Estaríamos haciendo dejación de nuestras obligaciones con responsabilidades administrativas, e incluso penales. Cambien nuestro poder discrecional, no puede ser arbitrario (intervenir siempre o dejar de intervenir) y estará siempre  ligado  a los principio de legalidad y proporcionalidad.

Estando al final de la legislatura y desde una posición de izquierda, pediría al menos, a los partidos que se sitúan en esta orilla, que hiciesen un esfuerzo en la redacción de los programas futuros municipales, en pasar de lo abstracto o conceptos que políticamente aparecen como modernos en léxico policial, a dotar de contenidos las propuestas, con imaginación y valentía. A comprometerse que pasado un año desde las elecciones, después de escuchar a todos los actores políticos, sociales, y profesionales de los municipios, fuesen capaces de elaborar programas directores, para saber la ciudadanía y los profesionales de la policía, por donde transitaremos.

El tiempo nos dirá.



viernes, 1 de febrero de 2019

Reflexiones sobre la promoción en la Policía Local de la Comunidad Valenciana


Comparativa con el acceso al resto de puestos de la función  publica local.

Por Amparo Gimeno Andrés

¿ Somos personal funcionario de la administración local?

Sabido es que dependemos  de las Corporaciones locales y de las normas reguladoras de las mismas, al igual que  el personal funcionario  de urbanismo, recursos humanos, contabilidad, cultura, régimen jurídico,  servicios sociales, etc. lo cual,   con el paso  de  los años me ha llevado a una reflexión que quisiera compartir.

Hace ya muchos  años, aprobé como agente de policía local; Al mismo tiempo que yo, una compañera  aprobó como  auxiliar administrativa  en la misma  administración. Ya entonces el examen que hizo una y otra fue muy diferente,  claro pensé yo, para ser policía hay que demostrar mucho mas,  has de estar en forma, estar sana , demostrar conocimientos  muy específicos etc.  en aquella época, lo entendí.

Pasaron los años y  ambas quisimos promocionar. Yo tuve que volver a  pasar por un sin fin de pruebas para conseguirlo: otra vez  pruebas físicas, otra vez  demostrar  mi  aptitud     psicológica , volver a demostrar mis conocimientos técnicos, volver a desarrollar un  temario casi igual que el anterior,  volver a  demostrar que sabia escribir y traducir la lengua valenciana, demostrar conocimientos  prácticos, volver a demostrar conocimientos sobre el término  municipal en el que llevaba trabajando un  sinfín de años, volver a demostrar que estaba sana con un reconocimiento médico …,  ella , no obstante  sólo tuvo que demostrar conocimientos técnicos . “curiosa diferencia”. 

¿Por qué ella no necesitaba  demostrar que sabia valenciano, no necesitaba estar sana para   ascender, no necesitaba conocer el término municipal en el que trabajaba? Ah, y tampoco necesitaba  pasar por un curso básico en ninguna escuela  para que se consideraba que era apta.

Sin hablar de la tasa.  A ella  optar a examinarse le costaba  50€, (25  multiplicado por dos pruebas) y a mi 250€ (25 multiplicado por 10 pruebas: psicotécnico, pruebas  físicas, cuestionario, tema actualidad, desarrollo, valenciano, supuesto practico,  reconocimiento medico y grupo V.)  Buf  “demasiadas diferencias” ; cuanto más se ha repetido esta situación, más injusta y descabellada he visto la desproporción.

Y es que el colectivo de policías   a veces pienso que somos “masoquistas”; durante años    nos hemos  legislado  desde el propio colectivo  y nos  hemos  legislado, siempre con la  premisa de  querer lo mejor, de exigir la máxima profesionalidad y  de que ,quién  formarse la escala de mando fuesen las personas mas aptas, mas capacitadas, mas  preparadas posible pero  a la vez “ en contra” del  sentido común .

Así pues, después de una larga carrera profesional  he llegado a la conclusión  de que  los únicos factores que debería tenerse en cuenta para  promocionar  son aquellos  en los que se pueda medir la capacidad de mando, de liderazgo, de dirección y gestión de grupos, y por supuesto conocimientos técnicos suficientes como para   establecer una diferencia con la escala básica.

No creo que  superar  una pruebas físicas  sea  determínate para demostrar que se es capaz de mandar o dirigir; tampoco creo que sea necesario demostrar capacidades  medidas con test aptitudinales  tras  haberlas demostrado ya en el acceso; por otro lado, determinadas dolencias físicas propias de la edad ¿realmente invalidan para el mando?  Será algún mando mejor o peor porque le falle el oído, por ejemplo …?

Estoy segura de que much@s de vosotr@s  os reconoceréis  en estas reflexiones,  habréis  “sufrido” e invertido tiempo  que no teníais, restado  a vuestras familias  para cumplir un sueño… que no pudo ser, por un mal día, por una lesión, por una otitis… (que absurdo,  porque sí seguisteis siendo policías.)                                                                                                             
La nueva ley , su apuesta por la carrera profesional y todo el desarrollo que de ella se va a hacer  nos da la ocasión de  cambiar el futuro, de cambiar el camino a seguir, de que el procedimiento que se establezca   sea suficientemente ágil para cubrir vacantes de mandos de forma permanente y en un plazo lógico para atender necesidades de estructura y  organización y sin tener que   someternos  a “ un calvario” que no conduce a ninguna parte .

Volvamos a la comparativa del principio, seamos  como el resto de personal de nuestra administración: valoremos conocimientos  técnicos específicos y   pruebas de carácter práctico   y dejemos  el resto para el  Plan de prevención de riesgos  laborales por ejemplo.
  •  Necesidad de mantenerse en forma física como parte del trabajo diario:  SI
  •  Necesidad de vigilar y mantener la capacidad psicológica adecuada:    SI
  •  Necesidad  de  conocer el municipio por el que se desarrolla nuestro cometido:  SI
  •  Necesidad de  conocer la lengua de nuestra comunidad y otras muchas:   SI
… pero  para  tod@s y para continuo,  NO para  marcar la diferencia en la promoción.


Un Saludo.
Amparo Gimeno Andrés.