lunes, 11 de febrero de 2019

La izquierda y la gestión de la seguridad en los espacios públicos.


Por Javier Munarriz Gandía

Los espacios públicos en nuestras ciudades (calles, plazas) son los lugares de encuentro, y de convivencia de la ciudadanía, donde llegan a confluir múltiples usos y aprovechamientos, así como  públicos diversos.  Es misión de los gobiernos locales y de sus policías, que esta “confluencia”, se realice en condiciones de civismo y seguridad. 

El catálogo de situaciones sin autorización municipal, que se dan en nuestros municipios, por el uso de los espacios públicos y de potenciales conflictos es muy amplia. Siempre generan tensiones y casi siempre somos l@s policías locales, a quien nos toca intervenir y resolver el conflicto.

En todas las situaciones que a continuación apunto,  existen  posiciones e intereses económicos, sociales, políticos e ideológicos contrapuestos. 

Unos defienden que pagan impuestos, frente a otros que no. Unos apelan a razones humanitarias, de desigualdad social, de libertad de expresión, argumentando que esos comportamientos no hacen daño a nadie, etc, frente  otros que nos exigen  aplicar la norma jurídica sin más. 

Pensemos  en el tránsito de patinetes o bicicletas por las aceras, donde al peatón le asiste el derecho a caminar sin sobresaltos; miremos aquellas esquinas donde se aposta un  grupo musical o persona, que ocupando una acera cantan y piden una colaboración económica; reflexionemos sobre la venta ambulante irregular de todo tipo, alimenticia, de productos artesanales, de productos falsificados, que se produce en los grandes municipios de forma extensiva; echemos una mirada a los municipios turísticos de playa o los centros históricos con  las personas que se dedican a tareas de aparcacoches a cambio de “la voluntad”.

Señalemos también que aunque se erradicó ya la mendicidad infantil, en municipios turísticos convivimos con personas que piden ayuda económica aludiendo a precariedades sociales (enfermedades, paro, necesidades familiares) en lugares muy transitados.

En todas ellas, somos requeridos para solventar dichos conflictos, como si l@s policías locales tuviésemos la varita mágica o pudiésemos consultar el libro de recetas rápidas y fáciles. De todas las situaciones expuestas, si excluimos la circulación de patinetes y bicicletas por lugares no adecuados, que concita una recriminación aprobatoria mayoritaria, y de los cantantes espontáneos, donde la división de opiniones es manifiesta, prácticamente del resto, detrás de la mayoría de estas situaciones aparece una causa de desigualdad económica y social, de migración, en suma de subsistencia vital.

Nosotros los hombres y mujeres de las policías locales, también tenemos corazón. Somos ciudadanos con uniforme ocho horas y otras dieciséis ciudadanos de a pie, con los mismos sentimientos, y preocupaciones que el resto de ciudadanía, pero con unos deberes deontológicos que nos obligan.

Es bastante habitual que nuestras intervenciones generen división de opiniones entre el público espectador y lo más desagradable es recibir descalificaciones de que somos fuertes con los débiles y débiles con los fuertes. Pero siempre nuestras actuaciones se guían por los principios jurídicos de: legalidad, necesidad, idoneidad y el de proporcionalidad.

Se pueden sintetizar en dos notas; legalidad y proporcionalidad. Pese a lo arriesgado de meter a todos los gobiernos en el mismo saco, por supuesto habrá excepciones, cabe preguntar a los gobiernos municipales de izquierda, nacidos en el 2015, y preguntarnos,  si han hecho sus deberes, respecto a la modificación de las ordenanzas municipales o han puesto los medios para afrontar dichas  situaciones. Mi respuesta es que no. Basta leer los programas electorales de mayo del 2015, para detectar las carencias en este campo. No se recogían respuestas a estas problemáticas. Incluso en los que sí apostaban por una nueva forma de hacer política, ejemplo de nuevos enfoques en el tema de venta ambulante ilegal, como fueron Madrid y Barcelona, dibujando alternativas como cooperativas, pocos de estos proyectos se han materializados a día de hoy. 

Leyendo las noticias proporcionadas por los medios de comunicación, asistimos a un cruce de reproches tanto externa como internamente en los ayuntamientos, llegando a mezclarse también cuestiones sindicales y políticas.  Pero debajo de todo este ruido mediático, ligado a lo que hacemos o dejamos de hacer las policías locales en los espacios públicos, me da la sensación de que los cambios de políticas y de normativas para encarar con nuevos enfoques ciertas situaciones de desigualdad no están teniendo la celeridad que la sociedad demanda. 

También a nivel interno en los cuerpos policiales, tampoco se avanza en protocolizar las actuaciones, que den luz y parámetros en la intervención. Está claro que son temas complejos, pero se deben abordar para orientar la acción de las patrullas en los espacios públicos. De tal forma que l@s policías locales tenemos que seguir haciendo frente a estos viejos conflictos, sin nuevos instrumentos legales, ni enfoques operativos detallados. Ante ello, tenemos que explicar tanto a la ciudadanía en general como en algunos casos a políticos de gobiernos municipales de izquierda, que no podemos cerrar los ojos, ni dejar de intervenir. Estaríamos haciendo dejación de nuestras obligaciones con responsabilidades administrativas, e incluso penales. Cambien nuestro poder discrecional, no puede ser arbitrario (intervenir siempre o dejar de intervenir) y estará siempre  ligado  a los principio de legalidad y proporcionalidad.

Estando al final de la legislatura y desde una posición de izquierda, pediría al menos, a los partidos que se sitúan en esta orilla, que hiciesen un esfuerzo en la redacción de los programas futuros municipales, en pasar de lo abstracto o conceptos que políticamente aparecen como modernos en léxico policial, a dotar de contenidos las propuestas, con imaginación y valentía. A comprometerse que pasado un año desde las elecciones, después de escuchar a todos los actores políticos, sociales, y profesionales de los municipios, fuesen capaces de elaborar programas directores, para saber la ciudadanía y los profesionales de la policía, por donde transitaremos.

El tiempo nos dirá.



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