Por Antonio De Arriba
El 14 de junio 2019, el Tribunal Supremo interpretaba que las Administraciones Locales no podían nombrar policías locales interinos para ejercer funciones de autoridad. A más de un Alcalde o Jefe de Policía se le retorcía el estómago y no digamos como cayó entre jueces, fiscales o habilitados nacionales en situación de interinidad.
El 19 de septiembre del mismo año era el propio Tribunal Constitucional quien deshacía el entuerto creado, amansando las turbulentas aguas y estableciendo sin saberlo un precedente a todas luces impensable tres meses antes.
Esto es España, retratada a través de sus normas y a la posibilidad de retorcerlas por quienes nos gobiernan para encontrar siempre una salida a su falta de previsión, responsabilidad y preparación.
El TC abría un escenario inexplorado hasta entonces para los cientos de policías locales interinos que pueblan el territorio nacional y como era de esperar no tardó en llegar la primera sentencia que establecía el derecho de portar arma de fuego por funcionario interino (Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo del TS, 2020).
El 18 de mayo le llegaba el turno a Benidorm, un municipio costero de la provincia de Alicante a través de Sentencia del JCA número 1 de Alicante.
No quiero entrar en el rollo eterno de la profesionalización de los Cuerpos de Policía Local, quienes me conocen saben perfectamente de qué madera estoy hecho y cual fue siempre mi pretensión. Aquí la única cuestión importante no es el derecho a portar arma de fuego pues entiendo que el TC tuvo a bien considerar dicha circunstancia para pronunciarse en tal sentido, dejando implícito de alguna manera que el arma forma parte del policía interino. Lo realmente importante, es el bien jurídico protegido por antonomasia, la vida.
Vida de cada uno de mis compañeros y compañeras de profesión desempeñando funciones de seguridad ciudadana amparados bajo un velo sin escrúpulos en ordenanzas de policía administrativa, velando por la seguridad de sus vecinos en condiciones de clara desventaja ante una amenaza que implique vulnerabilidad y riesgo para sus vidas.
Esta es la España a la que durante 37 años de profesión termino por rendirme, la España de la frustración, del interés mediato, del político sordo, mudo y ciego a aquello que no es de su agrado, al deporte nacional de la querella, la denuncia judicial, el contencioso, el dispendio económico que acarrean estas lindezas de algunos mal llamados representantes del pueblo.
Mientras tanto cientos de policías interinos siguen en la calle desarmados.
Acceso a la Sentencia mencionada: AQUÍ
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