Policía Local y la nueva normalidad: La importancia de los principios éticos para responder a las nuevas situaciones

 

Por David Garfella Gil (*)

“La normalidad es una ilusión. Lo que es normal para una araña es el caos para una mosca”.- Morticia Addams.( Personaje de ficción de la Familia Addams)

“No debería existir ningún conflicto entre los derechos humanos y la función policial, porque la principal función de esta, precisamente, es proteger los derechos humanos”.

En los últimos meses, los Policías hemos vivido como profesionales y como ciudadanos una serie de cambios sustanciales, tanto en nuestras funciones habituales como en nuestros comportamientos hacia la sociedad y sus ciudadanos, estos cambios fruto de la situación sanitaria de emergencia  se pueden denominar la  (nueva) normalidad, entendiendo la normalidad como una construcción social que depende de un contexto y engloba los comportamientos, ideas y características que se adaptan a la vida en sociedad.

 

La pregunta que surge es  ¿hasta qué punto la situación sanitaria ha venido para cambiar las necesidades de la  sociedad? , y la otra pregunta sería: ¿necesitamos una (nueva) policía para una (nueva) normalidad?

Como punto de partida debemos recordar que la policía en su función debe ser fiel a los principios mediante los cuales la sociedad le otorga su confianza y su legitimidad. Las actuaciones policiales deben estar acotadas por unos compromisos, que adquieren los funcionarios policiales, con pleno convencimiento, orientados a la excelencia en la consecución de sus fines. 

Sir Robert Peel consideraba al Policía como un ciudadano de uniforme. Es significativa esta afirmación puesto que para el autor la función policial, partía del consenso y de la misma sociedad. El respeto a los valores  ciudadanos era el pilar básico de su cometido. La prevención era el objetivo, más que la represión. Consideraba que la cooperación de los ciudadanos era fundamental. Una cooperación basada en el respeto y la confianza obtenida por un ejercicio policial responsable, social y ponderado. 

Tal vez la cuestión a responder ahora sea: ¿cómo conservar el modelo de proximidad, de cercanía al ciudadano, de confianza y legitimidad? Nos encontramos  en una sociedad fracturada, con desigualdades mucho más perceptibles desde la pandemia, con esa dualidad de planteamientos extremos, donde los policías nos hemos convertido en una suerte de policías sanitarios (según unos) o  policías represivos (según otros), y donde debemos encontrar nuestro lugar en la sociedad, es decir ser una policía próxima y cercana al ciudadano, que trabaje  para mejorar su calidad de vida, que sea legítima y de su confianza.

Creo que de nuevo la respuesta la encontramos en la ética policial y en la deontología policial, como el conjunto de  normas éticas que regulan la actuación policial: cumplimiento de la ley, cumplimiento de  la defensa de los derechos humanos, (no solo respetarlos sino además ser garante y protector de los mismos), actuar dignamente, íntegramente e imparcialmente.

Instituciones que nos ayudan en el proceso de adaptación:

Y para ayudarnos en este proceso de “adaptación” a la normalidad social, en el ámbito de la comunidad valenciana contamos con instrumentos tan valiosos y necesarios como: “El Comité de Ética y Transparencia en la Actividad Policial de la Comunitat Valenciana” (Ley 17/17 Artículo 24). El Comité de Ética y Transparencia en la Actividad Policial de la Comunitat Valenciana es el órgano de carácter consultivo en materia de ética y deontología con la finalidad de coadyuvar a mejorar la calidad del servicio policial y constituir un espacio de reflexión para el debate ético en el campo de la seguridad pública.Este comité, tan a mi juicio necesario, podrá establecer las sendas por donde camine ese modelo policial , que se ajuste a esta “ nueva” normalidad que haga que los policías sigamos siendo próximos y cercanos, legítimos y generemos confianza en nuestros ciudadanos.

Un ejemplo de adaptabilidad de esta nueva normalidad, lo encontramos en la Generalitat de Catalunya, en el Pleno del Parlamento de Cataluña, durante el debate sobre la gestión de la crisis sanitaria de la COVID-19, las medidas adoptadas para hacerle frente y las acciones previstas de protección social y reactivación económica y sobre la reconstrucción de Cataluña ante el impacto de la pandemia de la COVID-19, el 2 de julio de 2020 aprobó la propuesta de resolución de eliminar la discriminación en el seno de la sociedad y sus instituciones hacia personas migradas y/o racializadas e instó al gobierno de Cataluña a “Elaborar un plan para eliminar los criterios discriminatorios de base étnica o racial en las identificaciones policiales llevadas a cabo por las fuerzas y cuerpos de seguridad presentes en Cataluña con competencias en materia de seguridad pública, que incluya la prevención, detección e intervención”.

Estas dos resoluciones surgen a raíz de la situación de excepcionalidad sanitaria y de la publicación de unas grabaciones en las que se hace evidente que en enero de 2019 en Sant Feliu Sasserra se produjo una actuación con claras connotaciones racistas por parte de agentes de Mossos d’Esquadra. Son también fruto de la constatación de una realidad mucho más profunda y enquistada como es la desigualdad racial y étnica, que en los últimos meses ha ocupado un gran espacio en la agenda pública con la muerte de George Floyd, víctima de la violencia policial racista, y las posteriores muestras de indignación en todo el mundo, bajo el movimiento Black Lives Matter. 

Surgen también a causa de la crisis de la COVID-19 y la situación de excepcionalidad sanitaria que de ella se deriva y de la constatación de que las medidas policiales para garantizar el confinamiento han recaído de forma más severa sobre las minorías étnico-raciales en situación más vulnerable.

Fruto de esto surge una nueva herramienta policial: “Propuestas para unas identificaciones policiales no discriminatorias; Medidas efectivas de prevención, control y erradicación de las actuaciones policiales de carácter racista que hemos elaborado desde la Oficina de Derechos Civiles y Políticos (ODCiP) de la Generalitat de Catalunya.”

http://economia.gencat.cat/web/ca/ambits-actuacio/dretscivilsipolitics/continguts/qui-som-que-fem/identificacions-policials-es.pdf 

Como conclusión final, el modelo de proximidad y de cercanía al ciudadano no puede sufrir variación, pues forma parte del ADN  de la Policía Local, la situación actual nos obliga a reajustar los procedimientos, las estrategias a corto y largo plazo pero no las misiones y objetivos al servicio del ciudadano, necesitamos que nuestras actuaciones se ajusten a criterios éticos y deontológicos, y para ello debe ser urgente la puesta en marcha de los instrumentos que prevé la ley 17/17 de Coordinación de los Cuerpos de Policía Local de la Comunidad Valenciana, para dotar de legitimidad y confianza nuestra actuación con los ciudadanos. 

(Inspector de Policía Local y colaborador en la web “SecurPolitic”)

Este artículo ha sido publicado igualmente en el diario Levante-EMV el día 21 de noviembre de 2020.

https://www.levante-emv.com/opinion/2020/11/21/policia-local-nueva-normalidad-24052501.html

Una mirada crítica sobre el panorama policial valenciano.

Por Julio Conesa (*)

El proceso de asunción (acción y efecto de asumir) de las competencias en materia de coordinación de las policías locales que se inició hace casi treinta años con el primer Estatut, ha transcurrido por vías muy poco “soberanas” en términos autonómicos. Me explicaré.

Por un lado, el enorme “respeto” (por no decir otra cosa) que generaba en los primeros mandatarios el tema de la seguridad pública desde una perspectiva autonómica y que nunca acabó de asimilarse.

Por otro, el recelo de los ayuntamientos a que “su policía” pudiera ser controlada, fiscalizada, dirigida, etc, desde la Generalitat.

La falta de un proyecto definido en los partidos políticos para el ámbito autonómico en materia de “seguridad pública valenciana” que con una u otra excusa llevó a no desarrollar las previsiones estatutarias en materia de policía autonómica.

Todo ello y mucho más ha provocado a lo largo de los años un marco “irresoluto” en esta materia que provocó un enorme parón en lo que debería ser el devenir lógico del desarrollo de estas competencias.

En breve se cumplirá el primer trienio de un intento loable de dar un salto adelante en la profesionalización, coordinación y actuación con dimensión autonómica de las policías locales: tres años de la Ley 17/2017.

Dicha Ley contemplaba un cambio de filosofía esencial para proyectar un futuro de integración y desarrollo de los cuerpos policiales de base local que en conjunto representan más de 10.000 funcionarios y funcionarias.

Sin embargo, ¿Qué ha fallado? ¿Por qué después de casi tres años no se ha conseguido desarrollar como se esperaba?

Desde mi punto de vista. La falta de ese proyecto de futuro que aborde en clave autonómica la “seguridad pública”, asumido como una necesidad real de desarrollo en beneficio de la ciudadanía, que potencie una respuesta homogénea en todo el territorio y que atienda las necesidades con el mismo grado de eficacia, se viva en una gran ciudad o en un pueblo pequeño. Ha contribuido a que no acabe de entenderse el empeño que puso la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias y el resto de operadores que colaboramos en la búsqueda de soluciones.

Esa falta de proyecto está detrás de las posiciones contrarias al desarrollo normativo de la Ley, lo que ha hecho imposible poder seguir el camino iniciado, teniendo que dedicar mucho tiempo, demasiado tiempo, a dar respuesta a reclamaciones y obstáculos que las mentes cortoplacistas han ido imponiendo.

Sólo así se entiende el interés de tantos actores, con unos u otros intereses, de uno u otro color, en hacer imposible que prosperara la Ley.

Y cuando hablo de falta de proyecto, lo hago totalmente consciente de que no existe en general y menos por parte de aquellos llamados a facilitar el progreso en materia de “seguridad pública”.

Porque otros, nunca se movieron del estrecho marco de siempre: “la seguridad es cosa del Estado”, “para qué policía autonómica”, “dejemos a los alcaldes que hagan y deshagan en el tema de sus policías” … y con estos planteamientos se frenó durante años el desarrollo de las competencias estatutarias en la materia, limitándose a tratar el asunto como “una maría”, como materia para un “negociado administrativo” y poco más.

Pero lo que resulta mas chocante es comprobar como entre los sectores progresistas no acaban de tomar las riendas del devenir en esta materia. Presos como están del “hegemonismo intelectual” (vista corta) de aquellos que se resisten, de fuera y de dentro de sus filas.

¿Cómo es posible que, en el año 20 del siglo XXI, casi un cuarto de siglo, sigamos con esquemas trasnochados? 

¿Por qué somos capaces de entender que la Comunidad “debe” asumir, proyectar y desarrollar competencialmente necesidades básicas de la población como es sanidad, educación y dependencia, y no se asume que se debe poner en el mismo plano esta otra necesidad ciudadana: el derecho básico de seguridad pública? 

La seguridad como marco de convivencia, el ejercicio de derechos y libertades, la garantía de los mismos, recae en cada población en la máxima autoridad que es la persona que ostenta la alcaldía. Sin embargo, no es comprensible que en el ámbito autonómico, estas mismas responsabilidades no sean ejercidas por la máxima autoridad valenciana.

La Ley 17/2017 pretendía iniciar tímidamente (tal vez ahí estuvo el fallo) un trabajo de configuración, extensión y desarrollo de una visión autonómica de las policías locales como un cuerpo único interconectado a todos los niveles. Dependiente funcionalmente de cada ayuntamiento, pero como un conjunto de garantías de coordinación, interacción y funcionamiento cohesionados.

En cuanto se aprobó, cayeron sobre la Ley todo tipo de improperios. Aquellos que veían peligrar chiringuitos, se molestaron. Aquellos que veían peligrar sus privilegios, se molestaron. Aquellos que veían poner en evidencia su funcionamiento, se molestaron. Aquellos que pensaron que se invadía o podía invadir sus competencias, se molestaron. Aquellos que pensaron que era una intromisión, se molestaron. Los que pensaban que ponía en cuestión a las policías estatales, se molestaron……., la ley hurgaba en la herida.

Y consiguieron llegar hasta las mas altas esferas y parar la locomotora. Un jarro de agua fría sobre la ilusión de los que nos creíamos que habíamos dado un paso de gigante. 

Nos equivocamos. Aquellos que debían tomar las riendas, no lo entendieron. Sigue imperando el “cortoplacismo”. ¿En que me beneficia esto electoralmente dentro de nada…? Esto es lo que rige hoy por hoy. Lástima.

¿Que nos queda ahora? Seguir y seguir insistiendo. Como decía Aristóteles: “cada frutilla del bosque madura a su debido tiempo”.

Habrá alguien, mas pronto que tarde, que entenderá que el pueblo valenciano necesita desarrollar un sistema de seguridad pública propio, como derecho básico de ciudadanía.

Que aborde su idiosincrasia, la realidad territorial (interior y costa), la irregular distribución poblacional (concentración y diseminación), nuestra peculiar realidad convivencial y de seguridad en todos sus aspectos.

Que permita el desarrollo del autogobierno y sus competencias de manera homogénea en todo el ámbito de la Comunitat.

Por ello seguiremos.

(*) Coordinador colectivo “SecurPolitic”

El laberinto de las incompatibilidades en Policía Local

 

Por Julio Conesa (*) y Benedicto Torres (**)

El marco normativo en materia de incompatibilidades, tanto con carácter general para el personal de la Administración local como, de forma particularizada, el aplicado a los miembros del Cuerpo de Policías Locales, es denso y susceptible de muchas y complejas interpretaciones. Durante este año, la consulta facultativa formulada por un determinado Ayuntamiento de la Comunidad Valenciana -sobre incompatibilidad de su personal en el ámbito de la Administración Local-, ha derivado a la emisión del Dictamen 243/2020 con la siguiente conclusión:

“Se estima que la Ley 53/1984, de Incompatibilidades del personal al servicio de la Administración Pública, resulta de aplicación en bloque a todo el personal de la Administración Local, incluyendo a los miembros del Cuerpo de Policía Local”

Aunque la conclusión pueda parecer una perogrullada, no es tal si se considera todo el argumentario presentado a lo largo de una treintena de páginas del Dictamen, el cual no solo menciona la diversa legislación que lleva al fondo de la cuestión (curiosamente sin mencionar la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de Régimen de Personal de la Policía Nacional) sino también hace referencia a sentencias de diversos Tribunales, incluido el Constitucional.

El origen de este laberinto legislativo proviene de la necesidad de conseguir la dedicación de los empleados públicos a un solo puesto, así como la neutralidad e independencia en el desempeño de sus funciones y de la aplicación del Art. 103.3 de la Constitución -que obliga a regular el sistema de incompatibilidades-, y con estas consideraciones se legisló la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, que, aun estando vigente, ha sufrido numerosas afectaciones -desde el año 1985 hasta la más reciente en el 2011-.

Pero antes de entrar a valorar la problemática del ámbito de incompatibilidad, como ya se ha mencionado de gran complejidad interpretativa, parece conveniente saber el marco jurídico aplicado al Cuerpo de Policía Local. El régimen jurídico de los policías locales mantiene un doble carácter, el de funcionarios de las entidades locales y el de cuerpos y fuerzas de seguridad. Tal dualidad repercute en las normativas a la que están sujetos y expuestas a continuación:

• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

• Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

• Ley 10/2010, de 9 de julio, de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana.

• Ley 17/2017, de la Generalitat Valenciana, de Policías Locales y de Coordinación de las Policías Locales de la Comunidad Valenciana.

• Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. En los inicios de la aplicación de incompatibilidades, la dualidad del régimen jurídico de la policía local contribuyó a que los Tribunales de justicia mantuviesen un criterio restrictivo, pero -según lo indicado en el Dictamen- “la evolución normativa sufrida en esta materia unido a un cambio jurisprudencial en la interpretación del régimen de incompatibilidades de los policías locales, determinó una interpretación favorable a la aplicación , en su totalidad, de la Ley 53/1984, sobre incompatibilidades, a dichos policías locales”, es decir, la evolución indicada aparece en diversas sentencias, donde la jurisprudencia del Tribunal Supremo modifica los criterios y permite compatibilizar una determinada actividad, en particular la de abogacía. Aun así, en innumerables sentencias se indica de forma recurrente que “es posible la compatibilidad siempre que se supedite a las exigencias y dedicación propias de la prestación del servicio” Lo que el Dictamen mantiene es lo siguiente:

  “La incompatibilidad del cargo de policía local para el desempeño de otras funciones no es, en principio, absoluta, sino que se permite el ejercicio de otras actividades por el personal que integra dicho colectivo, siendo aplicable “in totum” la Ley 53/1984”,

  con unos determinados requisitos que enumera, uno de los cuales merece especial atención a la hora de equipararse con otras situaciones similares. El particular requisito es el siguiente:

  “El reconocimiento de la compatibilidad de funciones será siempre casuística, sin que se puedan comparar declaraciones o reconocimientos efectuados en otros casos, que no se ajusten estrictamente a los mismos presupuestos fácticos”.

  En definitiva, al Cuerpo de Policía Local le resulta de aplicación la Ley 53/1984, de Incompatibilidades del personal al servicio de la Administración Pública como al resto del personal de la Administración Local, tal y como concluye el Dictamen.

  No obstante, parece importante reseñar que la evolución normativa ha provocado que el legislador avance en el régimen de las incompatibilidades para el Cuerpo de la Policía Nacional, en la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de Régimen de Personal de la Policía Nacional, con un Capítulo (CAPÍTULO III) de un único artículo (Artículo 15) de cinco apartados, el último de los cuales indica:

“Reglamentariamente se dictarán las normas de desarrollo y aplicación de la normativa general de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas, para adaptarla a la estructura y funciones específicas de la Policía Nacional, conforme a lo previsto en esta Ley Orgánica”,

lo que significa que aún queda por ampliar, mediante el desarrollado reglamentario, la casuística para este Cuerpo. Abundando en lo anteriormente dicho, el art. 15.2 de dicha Ley, expresa:

“En ningún caso se podrá autorizar la compatibilidad para desempeñar un segundo puesto de trabajo, cargo, profesión o actividad, pública o privada, que pueda impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o independencia, ser incompatible por razón del nivel del puesto de trabajo que se ocupe, suponer un deterioro para la imagen y el prestigio de la Policía Nacional o ser contrario a sus principios básicos de actuación”.

Como colofón, y sin entrar en la innumerable casuística motivadora de solicitudes de compatibilidad, cabe indicar que el Dictamen es un imprescindible documento, no solo para personal de recursos humanos de las administraciones locales sino también para sindicatos y, fundamentalmente, para aquellos policías que deseen conseguir la compatibilidad para el ejercicio de otra actividad.

Acceso directo al Dictamen del Consell Juridic Consultiu de la CV.

(*) Coordinador del Colectivo "SecurPolitic"

(**) Funcionario de la Generalitat Valenciana.

La realidad de la Policía Local y la necesidad de una nueva Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

Por Manuel Ocaña Alemany (*)

La pandemia nos llegó de repente. Nadie estaba preparado para afrontar un virus que avanzaba a pasos agigantados. Desde las distintas administraciones se arbitraron medidas para intentar frenar los efectos devastadores de esta nueva e inesperada enfermedad que afecta a millones de seres humanos alrededor de todo el mundo. 

Con el fin de dar cumplimiento a las normas que se efectuaron para hacer frente a semejante crisis sanitaria, en nuestro país e históricamente, las policías locales pasaron a depender funcionalmente del Gobierno Central. Miles de hombres y mujeres de dichos cuerpos locales dieron cumplimiento al imperio de la Ley y, por ende, a vigilar el cumplimiento de medidas de excepción como el confinamiento de millones de personas. Fueron meses de direccionalidad funcional, de control exhaustivo de nuestras vías y espacios públicos, para que la ciudadanía permaneciera en sus domicilios. A miles de profesionales de los cuerpos de policías locales, les sorprendió estos hechos en primera línea por la profesión que realizaban. Desde el absoluto respeto al estado de derecho, se cumplió y se hizo cumplir la Ley. Todas las fuerzas y cuerpos de seguridad velaron al unísono por el cumplimiento de la Ley. Las policías locales, como parte integrante de las fuerzas y cuerpos de seguridad, ejercieron su labor de manera admirable, demostrando que siendo un colectivo formado por miles de cuerpos policiales e independientes entre si, lograron mantener cifras muy altas en sus actuaciones policiales, en ocasiones superiores a los cuerpos policiales estatales. 

Lejos de elogios, se ha demostrado la importancia de las policías locales en el mantenimiento de la seguridad ciudadana, y su relevancia de cara a la organización policial española. Se trata de miles de cuerpos que conforman una primera línea de protección y atención a la sociedad a la que sirven. Cuerpos tan dispares como los formados por una sola persona a los conformado por miles, todos ellos han demostrado, como venían haciendo antes de la pandemia, que debe aclararse su situación y funciones dentro de la Legislación vigente. Analizadas dichas actuaciones junto a las funciones impropias que, históricamente, se han ido implementando, urge un cambio real y efectivo de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Cambio radical que debe abordar la realidad de la policía local del siglo XXI. Una policía local que nada tiene que ver con la policía local del año 1986, año de elaboración de la Ley. Lo único que debe perdurar es el espíritu de los cuerpos de policía local, la cercanía a la ciudadanía, una policía integral que atienda todos y cada uno de los requerimientos e integrada en el tejido social de pueblos y ciudades. Los cambios deben abogar por realidades, por reconocer funciones que se desempeñan y que no recoge el artículo 53 de la vigente norma, por reconocer que se trata, como ya he citado, de una policía integral e integrada. 

La norma debe clarificar, lo máximo posible, la igualdad con los otros cuerpos policiales, tanto estatales como autonómicos, y que la colaboración recíproca sea una realidad y no meras palabras vacías de contenido o subordinación malentendida de las policías locales a los cuerpos estatales o autonómicos. La relación, entre cuerpos, debe ser totalmente transversal, sin que quepan interpretaciones de uno u otro nivel. Se deben acotar las funciones de las distintas policías locales, pues no es lo mismo las funciones que pueden asumir grandes ciudades que otras poblaciones medianas o pequeñas. Por tanto, las funciones de las policías locales deben variar según el número de habitantes a la vez que, el citado espíritu y el trato, debe ser el mismo en todas las poblaciones sin factores diferenciadores. 

Si bien el respeto a la autonomía municipal no puede quedar coartada, si se deben establecer mecanismos claros de acuerdos supramunicipales para poder prestar servicios conjuntos entre pequeños municipios, o abordar el tema de posibles cuerpos mancomunados u otras realidades colaborativas, si jurídicamente fuera posible. Igualmente se debe abarcar el ámbito de actuación de las policías locales, quedando claro cuando su actuación puede ser fuera del término municipal, como así se modificó en la protección de personalidades municipales en el año 2002. 

Tendrá que recoger formas de relación entre cuerpos, sobre todo el de las policías locales con las fuerzas y cuerpos de seguridad que actúan en su ámbito territorial. Establecer o fijar posibles desarrollos normativos, de las formas y procedimientos de actuación, en especial la actuación ante hechos delictivos y sobre todo el procedimiento en la actuación que de dichas actuaciones se deriva, como instrucción de diligencias, proceder con las personas detenidas etc. 

Sobre todo y con la finalidad de buscar una norma adecuada de a las realidades judiciales actuales, debe establecer organización y dependencias con la autoridad judicial, arbitrar la relación real con los juzgados y el ministerio fiscal, así como el auxilio que diariamente se les presta. Abordar, al igual que existen en el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la creación de unidades orgánicas de policía judicial en las policías locales. 

Debe reconocer a la policía local como una policía de mediación social, reconociendo funciones mediadoras, de colaboración con servicios sociales, con servicios de emergencia y servicios sanitarios. 

En conclusión y después de tantos años, urge la elaboración y posterior aprobación de una nueva Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que reconozca la realidad de la organización policial actual, y regule de manera lo más detallada posible todos los aspectos de los diferentes cuerpos y, en especial, el de las policías locales. 

Desde luego, su estudio, como el de toda Ley, debe ser meditado, consensuado y contar con los agentes sociales y con miembros relevantes de las asociaciones profesionales de las policías locales, así como se cuenta con la de otros cuerpos. 

(*) Secretario General de la Unió de Comandaments de la Policia Local.

Policías de primera y policías de segunda

 

Por Antonio De Arriba

Fue, es y será una constante a lo largo y ancho de este trozo de piel de toro llamada España. Apunte el ojo al norte, sur este u oeste, siempre podrá observarse esa clara diferencia con que los/as gobernantes se apresuran a dejar claro que en España existen dos ligas bien diferenciadas. Da igual a qué categoría de gobernante observemos. Partiendo de quien dirige el país o acabando por quien dirige el municipio, ellos y ellas lo tienen claro, las prefieren del Estado; eso sí, salvando los territorios con "mayor peso político" como Cataluña o País Vasco donde sus Cuerpos Autonómicos tienen la consideración que merecen. 

Esta falta de consideración es lo que nos invisibiliza en no pocas ocasiones. El Estado de Alarma como consecuencia de la Covid-19 fue un claro ejemplo de lo expuesto. Hubo de movilizarse a nivel nacional el desgastado engranaje sindical que aglutina a representantes de toda condición e ideología para que se entonara al unísono como una sola voz aquello de "nosotros también existimos" siendo necesario recordarle al propio Ministro de Interior el papel fundamental de las policías locales de este país. Solo había que ver las estadísticas que publicaba el propio ministerio y los números que avalaban la encomiable labor de las policías locales, siendo de lejos los más activos y productivos en el cumplimiento de las normas emanadas del Consejo de Ministros. Esa voz nacional sirvió para que por fin las comparecencias informativas aglutinaran a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad y no solo a las del Estado. 

La falta de consideración no solo se plasma en situaciones como la comentada, sino que va aún más lejos generando "errores" en la «matrix de la Ley Orgánica 2/86» como consecuencia de la poca importancia que parece despertar nuestro colectivo para el legislador. Así hemos podido ver a lo largo de los años como bajo excusas organizativas se ha ido introduciendo de forma sutil la seguridad privada en el ámbito municipal, con perlas de un calibre extraordinario que dicen mucho del nivel conceptual de servicio público de quien las pronuncia, sirva a modo de ejemplo el municipio de Sagunto «es legal y más barato contratar seguridad privada», concejal de Policía Local Enric Ariño enero 2019, en el diario el económico. Así se siguen sin excepción una comunidad autónoma tras otra, Canarias, Baleares, Madrid, Cantabria, Andalucía, Murcia, Principado de Asturias, etc., sin que sea un rasgo característico de las siglas de quien las promueve, el espectro abarca desde A hasta B sin que exista rubor alguno. Queda claro que existe un reconocimiento explícito de la incapacidad de gestión de muchos representantes políticos que no debieran tener tal condición, pues mancillan tal honor, sino que además sirven a una estrategia para una cada vez mayor privatización de un servicio público esencial. La última y más sonada en el municipio de Segorbe donde se ha contratado empresa privada con determinadas funciones de seguridad pública (el periódico mediterráneo de fecha 7 de octubre de 2020). 

Si ponemos el acento en otras cuestiones como la interinidad, entonces los errores en "la matrix" de la Ley Orgánica 2/86, alcanzan niveles de ciencia ficción. La temporalidad en el empleo, ya de por si un problema que salpica a todos y cada uno de los sectores de este país, es un problema endémico de las administraciones públicas hasta el punto de ser llamados al orden desde las altas instancias europeas. Solo en los últimos siete meses en la Comunidad Valenciana se han contratado más de 500 agentes interinos bajo la excusa legal en la mayoría de casos de "imperiosa necesidad". No seré yo quien discuta o ponga en tela de juicio la necesidad de un puesto de trabajo, pero sí de las consecuencias que pueden derivarse de la mala praxis de su desempeño, disimulado en ocasiones tras órdenes de servicio ajustadas a derecho pero que en la práctica del día a día traspasan el ámbito competencial del personal interino, al menos en lo que respecta a las funciones establecidas en la actual Ley de Coordinación Valenciana y en lo que se refiere a dicho personal. 

La reciente Sentencia del Tribunal Constitucional 106/2019 de 19 de septiembre de 2019, BOE no 247 de 14/10/2019 acerca de las competencias sobre función pública y policías locales: «constitucionalidad de los preceptos legales autonómicos relativos al nombramiento de funcionarios interinos para el desempeño de funciones de policía local»; y donde se jugaba un órdago en cuanto al fondo del asunto, esto es, si cabía que el personal interino pudiera llevar a cabo funciones que implicasen ejercicio de autoridad, ya es por todos bien conocida, teniendo un impacto demoledor sobre la Ley de Coordinación actual y abriendo nuevamente el melón de la interinidad y por ende de la precariedad. 

Lo hecho, hecho está y poco margen de maniobra por no decir nulo deja los agentes sociales, pero no quiero perder la oportunidad de dejar el acento en una cuestión de esa sentencia que llamó poderosamente mi atención, siendo más que reseñable la forma en que cierra sus alegaciones el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Illes Balears señalando que si el legislador estatal pretendía impedir que el personal funcionario interino pudiera llevar a cabo las funciones de policía local debía haberlo establecido expresamente y sin lugar a dudas. 

Al leer estas dos simples líneas del alegato de la abogada no pude sino contener una cómplice sonrisa por su acertada visión acerca de la responsabilidad del legislador en esta cuestión. ¡Bravo!, por fin alguien que sin rubor se enfrenta a lo establecido y rompe sin emplear fuerza alguna más que la de sus palabras la caduca Ley Orgánica 2/86 de FFCCSS. 

No cabe otra, órdago a la grande, ni a la chica ni a pares ni a ná de ná, solo cabe el órdago a la grande y espero que de nuevo y con independencia de siglas e ideologías, los representantes de todos y todas las policías locales de España, sean capaces de aunar esfuerzos para modificar la Ley Orgánica 2/86 y situarnos en el lugar que nos merecemos por méritos propios, dejando de ser policías de segunda, los cucharillas como nos define mi querido amigo y compañero Ximo. 

Trece han sido las modificaciones desde su nacimiento, modificaciones sin excesivo calado en cuanto a las policías locales se refiere. Se nos debe ese reconocimiento expreso que nos equipare al resto de fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y se nos debe porque no somos policías de segunda, lo avalan no sólo las estadísticas del Ministerio de Interior, sino también nuestro trabajo, dedicación e implicación. 

La Policía de todos los canarios

 

Por Francisco Javier López Ruano (*)

El Cuerpo Autonómico tiene un gran potencial y valor humano, con arraigo, eficaz, con conocimientos en nuestro territorio

Desde su nacimiento, el Cuerpo General de la Policía Canaria ha sido utilizado por algunas fuerzas políticas para intentar hacerse daño unos a otros, perjudicando a un colectivo policial que se abre camino entre los isleños, contribuyendo de una forma eficaz a una mejor convivencia de los ciudadanos y llenando huecos vacíos hasta ahora en materia de seguridad pública, en ámbitos de actuación tan diversos como la prevención de los delitos. O trabajando con los sectores más frágiles de nuestra sociedad, como los menores, o la prevención y denuncia de materias donde es competente la Comunidad Autónoma. 

Afortunadamente la situación actual es muy diferente, el Gobierno, y los partidos del Parlamento de Canarias ponen muy en valor el trabajo realizado, los diferentes organismos y departamentos de la Comunidad Autónoma de Canarias, Consejerías, turismo, sanidad, medio ambiente, transportes, agricultura, pesca, tributos, juego, menores,  y un muy largo etc. para quienes ejecutamos sus competencias y velamos por su cumplimiento, unido a las demás administraciones, especialmente Cabildos y los Ayuntamientos de Canarias, donde reforzamos la seguridad pública, y lo más importante, una la ciudadanía ve muy positivamente, el trabajo realizado. Hace que la situación sea diametralmente opuesta hacia el lado positivo. 

Es cierto que la seguridad pública de Canarias debe ser gestionada desde Canarias, no desde un sillón en un despacho de Madrid, porque nadie conoce más los problemas de nuestro pueblo que los que aquí vivimos, tenemos hijos, hermanos, familia y amigos. Desarrollamos aquí nuestra vida y conocemos lo que ocurre. Sin menosprecio a la encomiable labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La organización territorial del Estado debe ser acorde con la policial. El modelo policial debe ir encaminado a una Policía Estatal única, Policías en las Comunidades Autónomas, y Policías Locales que trabajen conjuntamente y en coordinación con aquellas. Así, en Canarias el legislador, en la norma 2/2008 de 28 de mayo, y bajo el término Policía Canaria, ya determina los dos Cuerpos, el Autonómico y los Locales.

Las competencias de la Policía Canaria son las de todas las FCS, y las del Cuerpo Autonómico. Las genéricas de averiguación del delito, el orden público y seguridad ciudadana, etc. Y las específicas dadas por la Ley autonómica, aprobada por el Parlamento, y que conocen todas las fuerzas políticas, con un muy amplio abanico competencial para el Cuerpo, seguridad ciudadana, medio ambiente, recursos naturales, turismo, transportes, patrimonio cultural, menores, inmigrantes, salvamento marítimo, policía judicial en la forma establecida por Ley, orden en concentraciones humanas, calamidades públicas, protección civil, recursos hidráulicos, riqueza cinegética, piscícola, forestal. Además, la norma estatal ya establece competencias para todas las Policías Autonómicas.

Tras la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias de 2018 asumimos más competencias de forma directa, en materia de seguridad privada, salvamento marítimo, etc, y lo más importante, el Estatuto se remite al artículo 149 de la Constitución Española, a tenor literal, “Corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias el establecimiento de políticas de seguridad públicas y de protección de personas y bienes en los términos previstos en el artículo 149.1.29.ª de la Constitución.” Lo que no es baladí, ya que significa que previo desarrollo legislativo se puede desplegar el abanico competencial completo en materia de seguridad, con competencias plenas como los Mossos o los Ertzaintzas.

Actualmente la Policía Autonómica de Canarias, bajo su denominación; Cuerpo General de la Policía Canaria, está conformado por 160 efectivos con un proceso selectivo de 50 en marcha y plazas de mandos, que hará que en 2021 contemos con 230 funcionarios,  además de 81 para el ejercicio venidero para cumplir el primer objetivo que es alcanzar 300 efectivo antes del año 2022 y continuar el despliegue por las islas hasta los 1700 efectivos, con financiación estatal como tienen los Mossos y los ertzainas.

El despliegue inicial se realiza en la isla de Tenerife y Gran Canaria, con Áreas, Divisiones, Unidades, grupos y Subgrupos, organigrama que refiere a las diferentes unidades existentes, en diversas materias, con sus grupos. La complejidad territorial de Canarias, con ocho islas hace que la dualidad de despliegue territorial y funcional deba ser abordada con mesura, desde el desarrollo de un Cuerpo Policial diferente, específico y adaptado a las singularidades territoriales, poblacionales y socioeconómicas. Pero vamos en el buen camino, acertando, errando, aprendiendo de ello, y construyendo siempre. 

El Cuerpo General de la Policía Canaria es la Policía de todos los canarios, un colectivo con un gran potencial y valor humano, con arraigo, eficaz, con conocimientos en nuestro territorio, nuestra gente, dotado de amplias competencias, y que aspira a cubrir los espacios en materia de seguridad que están sin cubrir, los pequeños y los grandes problemas de los canarios, desde la seguridad ciudadana hasta las competencias administrativas, y el apoyo a la Administración Autonómica y al resto de Administraciones. Ningún territorio del Estado puede ser menos que otro, los canarios no pueden tener menos competencias que catalanes, navarros o vascos, ni menos que Galicia, Valencia, Andalucía, que tienen policía propia con unidades adscritas. Un modelo federal está en marcha en este país, todas las Comunidades Autónomas deben velar por su seguridad y desarrollar su modelo autonómico, redundará en un mejor aprovechamiento de los recursos y una óptima gestión de los mismos, tenemos nuestra Policía, aspiramos a ser la Policía de todos los canarios, y vamos camino de con el tiempo, ser un referente en materia de seguridad para los canarios y para todo el Estado.

(*) Secretario General de la Sección Sindical de CCOO en el Cuerpo General de la Policía Canaria. Coordinador de la Agrupación de Policía Canaria de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, que engloba la Policía Autonómica de Canarias y las Policías Locales de canarias.

Agresiones a policías

 

Por Javier Ojer Alonso (*)

Hace unos días participé en una reunión extraordinaria de la Confederación Europea de Policías (EuroCOP). En esta ocasión, y debido a la actual situación sanitaria por la que estamos atravesando, se realizó de forma telemática. Esta organización aglutina a casi cuarenta sindicatos de todo el continente europeo. En el acto de inicio de la sesión, la presidenta, Ángels Bosch, recordó el notable incremento de agresiones contra los y las policías que está teniendo lugar en Europa en los últimos meses. Por dar algunos datos, en Holanda se han incrementado un 40% en desde el estallido de la pandemia del coronavirus. Las fuerzas policiales de todo el Reino Unido han experimentado un aumento del 21% en las agresiones a sus agentes en los primeros tres meses de confinamiento, con una tendencia particularmente desagradable por parte de algunos de estos agresores de escupirles y toserles para, de esta manera, intentar contagiarles. En España se repiten los mismos patrones con episodios violentos contra las fuerzas de seguridad. Centrémonos en nuestro país.

Brutal agresión a dos policías locales de León al intervenir en una reunión 'sin mascarillas”. Los hechos se sucedían el pasado 28 de agosto cuando ambos policías sufrieron lesiones especialmente graves en la mandíbula y uno de ellos quedó casi inconsciente. Los dos pasaron la noche hospitalizados.

Un detenido y siete investigados tras un botellón de cincuenta chavales en Mundaka (Vizcaya) este último fin de semana. En el momento en el que agentes de la Ertzaintza procedían a la disolución de la “fiesta”, los jóvenes la emprendieron contra ellos y todo desembocó en una batalla campal con puñetazos y patadas contra los agentes. Y así, innumerables ejemplos que podría detallar a lo largo de estas líneas.

Violencia contra la policía. Agresiones gratuitas que, en muchas ocasiones, quedan en simples sanciones, y no obtienen la consiguiente reprimenda penal en los juzgados. Quizás, porque, para algunos, la policía tiene que aguantar los envites de otros. Violencia que se está viendo incrementada en los últimos meses tras el desconfinamiento del Estado de Alarma en España. ¿Qué está pasando…? ¿Por qué estamos siendo objeto de la ira de determinados sectores de la sociedad…? Hay quien atribuye esta escalada violenta a una pérdida de respeto a la autoridad y a la laxitud de las leyes vigentes. 

Si atendemos a lo que, desde algunos medios de comunicación se dice, y que se reproduce en la vía pública, la policía ha pasado de ser aplaudida en los balcones, a ser criticada por doquier. Esta misma semana se decía en el programa matutino de TELECINCO que por qué, en lugar de poner a tanta policía en la calle, cual Estado Policial, no se ponían más hoteles a disposición de la ciudadanía que no puede pasar la cuarentena en condiciones. Como si una cosa fuera incompatible con la otra. ¿Por qué esa fijación con la policía que jadean algunos tertulianos…? ¿Acaso no pueden darse las dos situaciones al mismo tiempo, o es que hay que elegir…? ¿Somos los policías los culpables de que no se invierta más y mejor en la sanidad pública de este país…?

Este pasado fin de semana, con ocasión del malestar de parte de la ciudadanía de la Comunidad de Madrid por las medidas restrictivas de movilidad anunciadas por el gobierno autonómico, tuvieron lugar varias manifestaciones. En ellas se dejaron ver pancartas en las que se podía leer: Menos policía. Más Sanidad. También se gritaron consignas en contra de la policía, como si nosotros tuviéramos la culpa de estar ahí para garantizar la seguridad de la ciudadanía. Parece que aún, algunos y algunas, no se han enterado. 

La policía tiene perfectamente tasadas cuáles son sus funciones dentro de un Estado democrático y de derecho. Quien no entienda esto, no entiende uno de los pilares fundamentales en el cumplimiento de la legalidad. Las fuerzas y cuerpos de seguridad –nacionales, autonómicos y también locales, por si alguno cree que estos últimos son de segunda categoría- son los encargados constitucionalmente de velar por el cumplimiento de los derechos y libertades de la ciudadanía. El artículo 104 de la Carta Magna señala que son las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, las que tienen como misión la protección del libre ejercicio de los derechos y libertades, y la de garantizar la seguridad ciudadana. Sin seguridad, no hay libertad. Y es verdad.

Es imperativo y urgente desplazar el foco de atención del conjunto de las fuerzas policiales hacia donde se dictan las normas y se ejerce el mando de las primeras. La ciudadanía debe saber que la policía trabaja para garantizar la seguridad de todos. La pandemia está sacando lo mejor pero también lo peor del ser humano. Ello no debe nublarnos y centrar la crítica en el trabajo de la seguridad pública.

(*) Policia Foral Navarra